El máximo tribunal nacional dispuso que otra sala de la Corte de Justicia de San Juan revise la pena de 16 años impuesta a Ángel Morales por el asesinato de Talía Recabarren. La madre de la víctima anunció una protesta.
Diez años pasaron del crimen de Talía Recabarren en la provincia de San Juan. El cuerpo de la adolescente de 17 años fue encontrado a la vera de la ruta provincial 12 tras una semana de intensa búsqueda. Había desaparecido el 18 de junio de 2016 y entre las personas que colaboraron con la búsqueda estaba su ex pareja, quien días después confesó ser el autor del crimen. Lo condenaron en 2019, pero una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la pena de 16 años que recibió, despertó malestar entre los familiares de la víctima.
Tras conocer que el máximo tribunal ordenó que una nueva sala de la Corte de Justicia de San Juan revise la condena impuesta a Ángel Morales, la mamá de Talía, Anabella Recabarren, afirmó que se encadenará frente a su casa. «Mañana me voy a encadenar acá en mi casa y no me voy a desatar hasta no ver que ese hijo de mil put*s pague por lo que le hicieron a mi hija», declaró la mujer, según el portal Tiempo de San Juan. Sostuvo que no abandonará la medida hasta obtener una respuesta de la Justicia. «No voy a comer, no voy a hacer nada. Estoy cansada. Si para él va a haber Justicia, para mi hija también tiene que haber», remarcó.
En su reclamo, Anabella declaró: «Ya luché demasiado. Me encadenaré acá en mi casa hasta que hagan lo que tengan que hacer con él». Luego agregó: «Yo tomé la decisión de encadenarme en mi casa y de aquí no me van a sacar; esta vez me van a sacar en un cajón, porque ya están jugando con nuestro sentimiento y con nuestro dolor».
La resolución reciente del máximo tribunal nacional no implica la absolución del condenado ni deja sin efecto la pena vigente. Lo que ordenó la Corte Suprema es que otra sala de igual jerarquía revise el agravamiento de la condena, con el argumento de que esa sentencia nunca fue controlada por un tribunal distinto al que la dictó, lo que vulneraría el derecho constitucional al doble conforme. Los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti suscribieron la resolución que hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa oficial, y de esta manera, la nueva sala integrada por los ministros Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima analizará el caso junto al camarista penal Eduardo Raed. Los planteos de la defensa están previstos para agosto, indicó el mismo portal.
A la reacción de la familia se sumó la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio, que difundió un comunicado titulado «La memoria de Thalía Recabarren exige justicia, no retrocesos». En el texto, la organización expresó su «profunda preocupación y el más enérgico rechazo a cualquier decisión que implique un retroceso en la búsqueda de justicia» y reclamó que el proceso no sufra ningún retroceso.
Recabarren desapareció de su domicilio en el departamento sanjuanino de Zonda en junio de 2016. La autopsia sobre el cuerpo determinó que la adolescente murió por asfixia. Morales, quien había participado activamente en los rastrillajes de búsqueda, terminó por confesar el crimen. Según relataron familiares de la víctima, la pareja había tenido una relación formal que se rompió nueve meses antes del asesinato debido a la conducta violenta del joven. Desde entonces, el condenado no dejó de hostigarla, aunque ninguno de esos episodios llegó a ser denunciado ante las autoridades. Solo hubo un audio que salió a la luz, el cual reflejaba el hostigamiento que vivía Talía. En una conversación con una amiga, la víctima le dijo: «Me cansé de esta vida, no doy más. Yo no le hago daño a nadie, él se hizo pasar por una chica y me empezó a decir cosas. Yo ya me había olvidado de él, voy a la Iglesia para estar bien y me hace esto. Estoy cansada. Mi mamá está durmiendo, porque si me ve así no sé qué haría. Yo ya me alejé de él porque no quiero tener más líos, pero él quiere meterme en líos otra vez».
Morales recibió en primera instancia una condena de 10 años de prisión, dictada por el juez de Menores Jorge Toro. Posteriormente, la Sala II de la Corte sanjuanina hizo lugar a la apelación de la Fiscalía y elevó la pena a 16 años de prisión efectiva el 4 de abril de 2019.