El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una restricción de concurrencia administrativa por 24 meses a Claudia Noemí Romero en todos los eventos deportivos del país, tras incidentes ocurridos el 31 de mayo en el club Asociación Nueva Alianza.
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una restricción de concurrencia administrativa por 24 meses a Claudia Noemí Romero en todos los eventos deportivos dentro del territorio argentino. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2026, surge tras incidentes ocurridos el 31 de mayo en el club Asociación Nueva Alianza, donde Romero habría agredido físicamente a otra persona y proferido amenazas.
Según la información de la Resolución 618/2026 “surge que Claudia Noemí Romero habría agredido físicamente a la denunciante, Laura Riggio, sujetándola del cuello y propinándole golpes de puño en el rostro, profiriéndole posteriormente amenazas de muerte”. El expediente, iniciado por solicitud de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De), detalla que la sanción responde a una denuncia penal por lesiones leves y amenazas.
La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Subsecretaría de Despliegue Territorial, evaluó los hechos en el marco del programa Tribuna Segura, mecanismo federal de control y prevención aplicado desde 2016. Este programa permite identificar digitalmente a quienes ingresan a estadios y bloquear el acceso a personas sancionadas o con causas penales activas. De acuerdo con la resolución, “resulta pertinente registrar en el Programa Tribuna Segura a la causante y disponer las medidas previstas” para impedir su presencia en recintos deportivos.
Tribuna Segura constituye uno de los ejes centrales del sistema nacional de control en estadios, articulando registros de personas sancionadas o procesadas en coordinación con las fuerzas federales y provinciales. El texto oficial detalla que la Dirección “entiende en el diseño, aplicación de políticas y estrategias para el control de la seguridad en espectáculos futbolísticos, generando competencias de prevención de la violencia y coordinando las acciones necesarias con las áreas de la jurisdicción competentes”.
El Ministerio de Seguridad Nacional fundamentó la medida en lo previsto por los artículos 2° y 3° de la Resolución MS N° 354/17 y el Decreto N° 246/17, normativa que habilita a adoptar restricciones ante conductas consideradas riesgosas para la seguridad pública en el ámbito del fútbol y otros deportes. El texto oficial indica: “La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones y el artículo 7° del Decreto N° 246/17”. Además, se aclara que el servicio jurídico permanente del Ministerio intervino en el proceso y avaló la legalidad del acto administrativo.
La restricción, dirigida a Claudia Noemí Romero, DNI N° 32.006.935, se aplicará a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial y se extenderá durante veinticuatro meses, hasta julio de 2028. La disposición se adoptó luego de que el club Asociación Nueva Alianza solicitara formalmente la aplicación del derecho de admisión y remitiera copia de la denuncia penal correspondiente, radicada en la Fiscalía General de La Plata bajo el número PP-06-00-029006-26/00.
El texto de la resolución destaca la necesidad de “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva, resulte pertinente registrar en el Programa Tribuna Segura a la causante y disponer las medidas previstas”. Con esta decisión, las autoridades buscan fortalecer la seguridad en el deporte y desalentar comportamientos que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes y el normal desarrollo de los espectáculos.
La medida se inscribe en un esquema federal de prevención y control de la violencia en el deporte, apoyado en la coordinación entre organismos nacionales y provinciales y en el uso de herramientas como Tribuna Segura para la identificación y exclusión de personas involucradas en hechos violentos, conforme a las leyes y decretos que regulan la materia.