La asociación Consenso Patagonia advierte que persisten ocupaciones de tierras rurales, incluso con sentencias firmes, y señala falta de acción estatal para ejecutarlas.
En medio de un escenario de conflictos territoriales que persiste en distintas zonas de la Patagonia, la organización Consenso Patagonia advirtió que continúan vigentes múltiples usurpaciones de tierras rurales y alertó sobre la falta de acción de los poderes del Estado, incluso en casos donde ya existen sentencias judiciales firmes que ordenan desalojos.
En la entidad remarcaron que, pese al cambio de gobierno nacional, la problemática no se resolvió y en varios casos incluso se agravó. Según señalaron, hay establecimientos productivos ocupados parcial o totalmente y productores que dejaron de trabajar parte de sus campos por temor a robos, daños o vandalismo.
“La conflictividad territorial luego del cambio de gestión de gobierno no disminuyó; los conflictos siguen estando latentes y ninguno se ha solucionado”, sostuvo Juan Andrés Trebino, director ejecutivo de Consenso Patagonia, a LA NACION.
La organización nació en 2021 impulsada por productores preocupados por el avance de tomas de tierras públicas y privadas en la región. Según indicó Trebino, uno de los objetivos iniciales fue visibilizar una problemática que no tenía suficiente repercusión pública ni respuesta estatal.
La ONG trabaja actualmente en Neuquén, Río Negro y Chubut, donde realiza monitoreo territorial, asistencia legal y elaboración de propuestas de política pública vinculadas a la crisis territorial y al abordaje de la política indígena.
Para Trebino, durante años la situación avanzó en un contexto de inacción oficial. En ese sentido, señaló que en distintos casos grupos se constituyeron como comunidades indígenas para reclamar tierras sin serlo.
El ejecutivo recordó que hubo ocupaciones pacíficas, pero también episodios violentos que marcaron la escalada del conflicto. Sin embargo, según advirtió, existe una impresión errónea de que la problemática terminó con el cambio de signo político a nivel nacional.
Para Trebino, lejos de haberse resuelto, los conflictos siguen activos y con mayor tensión. Uno de los puntos más graves que señaló la entidad es la falta de cumplimiento de decisiones judiciales firmes.
Actualmente, Consenso Patagonia tiene monitoreados más de 25 casos emblemáticos en las tres provincias patagónicas, aunque estiman que la cifra real es mayor porque muchos propietarios no denuncian o directamente abandonan la pelea judicial.
Previo a las elecciones presidenciales de 2023, la organización presentó propuestas a distintos espacios políticos para abordar la problemática. Según detalló, algunas medidas fueron tomadas luego por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aunque advirtió que persisten dificultades en la articulación con los gobiernos provinciales.
Uno de los casos mencionados por la organización es el de María Broers, propietaria de un campo entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, que permanece ocupado desde hace más de 10 años. Según explicó Trebino, en esa causa intervinieron más de 20 jueces y ya existen fallos firmes. Sin embargo, la orden no se ejecuta.