La Asamblea Nacional venezolana sancionó una legislación que reemplaza el marco regulatorio vigente desde 1999, con el objetivo de ofrecer mayores garantías a inversores internacionales.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley minera impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. La legislación, que consta de 131 artículos, recibió aprobación final y unánime este jueves, tras una votación inicial el mes pasado.
Esta normativa reemplaza un marco regulatorio de casi tres décadas y forma parte de un esfuerzo por ofrecer garantías legales y un régimen fiscal más flexible a inversionistas internacionales, en particular de Estados Unidos. La medida se produce tras la visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas a inicios de marzo.
La reforma subraya el intento de presentar un marco más favorable a la inversión sin llegar a una liberalización total, manteniendo el Estado la propiedad de los recursos y el control sobre la aprobación de proyectos. La ley incluye disposiciones para respaldar la inversión extranjera, como cláusulas de «equilibrio económico» y acceso a arbitraje internacional, un cambio respecto al marco de 1999 que restringía las disputas a tribunales locales.
También establece un régimen fiscal simplificado centrado en regalías de hasta 13% de la producción y un nuevo impuesto minero de hasta 6% sobre los ingresos brutos, junto con exenciones de varios gravámenes existentes. Las concesiones pueden durar hasta 30 años, frente a 20 anteriormente, con dos posibles extensiones de 10 años.
Funcionarios señalan que la reforma busca atraer capital a proyectos de oro, bauxita y otros minerales estratégicos, aunque el gobierno mantiene la facultad de designar ciertos recursos o áreas como de interés nacional e imponer condiciones especiales.