El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, sorprendió este sábado con un mensaje que alteró la dinámica política nacional. En un posteo en redes sociales, el mandatario acusó directamente a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo de haber “operado un golpe judicial” en la provincia patagónica, territorio que la familia gobernó durante más de tres décadas.
El pronunciamiento coincidió con un día simbólico: CFK cumplía cien días de arresto domiciliario por la condena a seis años en la causa Vialidad y desde su residencia recibió a la militancia peronista, que se congregó a los pies de su balcón. Mientras tanto, Vidal hacía pública su acusación, arrobando al presidente Javier Milei, a la vicepresidente Victoria Villarruel, a ministros del Gabinete, a gobernadores de Provincias Unidas y a funcionarios nacionales.
El gobernador apuntó contra dos figuras clave: Fernando Basanta, vocal del Superior Tribunal de Justicia, y Marcelo Bersanelli, juez provincial. Según Vidal, ellos fueron los encargados de ejecutar la maniobra judicial en nombre del kirchnerismo.
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El cuestionamiento surgió tras la decisión de Bersanelli de admitir un amparo presentado por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, encabezada por Juan Franco Mascheroni —excandidato a intendente de Unión por la Patria—, que buscaba frenar la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. Esa reforma, aprobada por la Legislatura provincial, eleva de cinco a nueve la cantidad de jueces.
El magistrado dictó además medidas cautelares que suspenden parcialmente la aplicación de la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.
La advertencia del gobernador Vidal
Para Vidal, la decisión judicial constituye una clara intromisión en la división de poderes: “La justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el poder legislativo”, expresó. El gobernador fue más allá y lanzó una pregunta con fuerte carga política: “¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de llevar a Santa Cruz a la intervención federal?”.
Estas declaraciones se producen justo cuando la Legislatura provincial se prepara para evaluar en la comisión de Asuntos Constitucionales las candidaturas de los jueces propuestos para integrar el nuevo tribunal.
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La ampliación del Tribunal Superior ya tuvo su primer efecto: el exdiputado nacional Sergio Acevedo presentó su renuncia en la Cámara de Diputados de la Nación para asumir como uno de los nuevos integrantes del máximo órgano judicial santacruceño. Este movimiento, sumado al fallo de Bersanelli, encendió las alarmas en el oficialismo provincial, que interpreta el escenario como una ofensiva kirchnerista para mantener cuotas de poder en la justicia local.
La postura del gremio judicial
El gremio de empleados judiciales justificó su amparo en razones presupuestarias. Según la organización, la ampliación del tribunal implica un costo extra superior a los 4 mil millones de pesos anuales en salarios y gastos operativos, cifra difícil de sostener en un contexto de crisis fiscal. Sin embargo, esa postura fue duramente cuestionada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien acusó a Mascheroni de actuar con fines políticos: “No sorprende, él fue candidato del kirchnerismo en más de una oportunidad”.
En redes sociales, Leguizamón remarcó: “Los santacruceños queremos una justicia ágil y transparente, sin complicidades ni maniobras que solo buscan proteger a los corruptos que tanto daño le hicieron a nuestra provincia”.
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