El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo incluye un capítulo que modifica la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Diputados de La Libertad Avanza manifestaron que deberán volver a reunirse. El plenario de comisiones retomará el próximo miércoles.
Un tramo del proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió a la medianoche del martes expuso este miércoles la distancia entre la Casa Rosada y su bloque en Diputados. Mientras la Cámara baja retomaba el debate por la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda emplazado la semana pasada, se conoció que el texto enviado por el Gobierno deroga artículos centrales de esa misma ley. Los diputados de La Libertad Avanza, que venían trabajando en un dictamen propio junto al PRO y la UCR, se mostraron desconcertados, según pudo reconstruir PERFIL, y admitieron que deberán volver a reunirse.
El corazón de la reforma está en el capítulo VI del proyecto, artículos 36 a 41, que sustituyen o derogan puntos clave de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y modifican de forma permanente la Ley 13.478 de pensiones no contributivas y la Ley 24.901, vigente desde 1997. Según el análisis que circuló entre los propios legisladores, el texto elimina la actualización automática y mensual de los pagos a prestadores según el IPC, termina con el criterio de aranceles iguales en todo el país -el Nomenclador de Prestaciones Básicas «no incluirá valores universales»- y vuelve al esquema de «pensión por invalidez laboral»: tener el Certificado Único de Discapacidad ya no garantizará el acceso al beneficio, que además pasará a ser incompatible con cualquier empleo formal o monotributo.
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la constitucionalidad de la maniobra: sostuvo que incorporar modificaciones permanentes a leyes de fondo dentro de una ley de presupuesto viola el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Vale recordar que Javier Milei había recibido el lunes en Casa Rosada a los legisladores de su bloque para una nueva «masterclass» presidencial, aunque algunos de los presentes reconocieron a este medio que «no se habló de temas legislativos sino de un repaso de los logros económicos». Esa misma fuente de LLA aseguró a este medio que la propuesta «superadora» en la que venían trabajando para el colectivo de personas con discapacidad no contemplaría una prórroga de la emergencia.
En la reunión donde el Presidente convocó a su tropa legislativa, nadie les adelantó el contenido del Presupuesto que se enviaría horas después. Algunos diputados libertarios intentaron minimizar la falta de coordinación planteando que el Presupuesto estaba redactado desde antes que surgiera el debate por la emergencia, pero lo cierto es que siempre la propia defensa de LLA cuando la oposición obligó a abrir estas comisiones y discutir de manera urgente las problemáticas, era que tenían un proyecto propio así como en el caso del endeudamiento familiar, y por eso votaron a favor de los emplazamientos propuestos por el peronismo, la izquierda y algunos bloques provinciales.
La explicación además no deja en claro por qué el capítulo cuestionado replica, casi textual, un proyecto que el propio Ejecutivo ya había mandado al Senado meses atrás y nunca avanzó.
En la comisión, quien salió a poner paños fríos fue la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado, encargada de tender puentes con los aliados: «Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando (…) está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente van a quedar», planteó, y convocó a trabajar en conjunto en «un concepto superador» de las emergencias.
Silvana Giudici (LLA) apeló al mismo argumento institucional: «Hay división de poderes en nuestro país, nosotros creemos que este Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones». El mensaje más claro es que esta vez no quieren que su presupuesto pierda un capítulo entero por esta discusión, como pasó con la ley de leyes de 2026.
Entre los más de veinte oradores pasó el de Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad y madre de un joven con discapacidad, que contó que casi 50 centros cerraron en todo el país y que los prestadores cobran con más de 90 días de demora. «No saben lo indignante que es pedir que por favor te paguen lo que trabajaste», dijo, con la voz entrecortada, antes de advertir que eliminar los valores universales del nomenclador «federaliza la desigualdad».
El diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad advirtió que el Presupuesto «sentencia la desaparición de los derechos de las personas con discapacidad», Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, habló de «una saña total» del Gobierno hacia el sector, y su compañera de bancada Romina del Plá aportó un dato que resume la magnitud del reclamo: de 90 mil pedidos de acceso a pensiones no contributivas, apenas 10 mil fueron resueltos. El plenario retomará el próximo miércoles, con el mandato de firmar un dictamen.