A través de un apoderado, la expresidenta pidió a la Justicia que se reliquide el beneficio, se paguen sumas desde abril y se anule el descuento del 20% dispuesto por la Anses.
La expresidenta Cristina Kirchner rechazó la liquidación de su pensión de privilegio y solicitó a la Justicia, mediante un apoderado, que se ordene a la Anses reliquidar el beneficio, pagar montos retroactivos y declarar la nulidad de la resolución que dispuso un descuento del 20% para recuperar sumas percibidas indebidamente.
La Anses había restituido en agosto una asignación por un valor bruto de $16.090.877,01, en cumplimiento de una medida cautelar dictada en febrero por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo avalaron la restitución provisoria de una de las dos asignaciones que Kirchner cobraba hasta noviembre de 2024, cuando fueron dadas de baja tras confirmarse la condena en la causa Vialidad.
En la nueva presentación, el abogado Facundo Fernández Pastor sostuvo que la restitución debió incluir no solo la pensión de agosto, sino también las de meses previos desde el 24 de abril, fecha en que quedó firme la cautelar al desestimarse un recurso extraordinario. Además, pidió que la liquidación se realice conforme a la Acordada N° 20 de la Corte Suprema, que declaró inaplicable un artículo legal que derogaba exenciones del impuesto a las ganancias.
La Anses había informado que aplicaría descuentos por obra social y Ganancias. Según estimaciones, el aporte a la obra social fue de $952.860 y se restó un 20% adicional, equivalente a $3.218.175, por recupero de sumas indebidas, con lo que el monto neto habría rondado los $12 millones.
El descuento del 20% surge de la resolución 343, firmada por el exdirector ejecutivo del organismo, Fernando Bearzi. Según la Anses, esa norma dispuso el recupero del 20% del haber mensual por sumas percibidas indebidamente. El reclamo judicial contra esa retención menciona que corresponde a adicionales por zona austral que Kirchner percibió junto a sus dos prestaciones de privilegio. La resolución no especifica períodos ni conceptos, pero el monto reclamado, con intereses, supera los $660 millones.
El apoderado de Kirchner afirmó que la expresidenta tuvo domicilio real en Río Gallegos hasta que el Tribunal Oral Federal la confinó a prisión domiciliaria en San José. Sostuvo que, en sus roles de diputada, presidenta, senadora y vicepresidenta, debió trasladarse a la capital federal, pero nunca dejó de viajar a su casa en Río Gallegos ni de tener allí su domicilio fiscal, hasta su condena por administración fraudulenta.
En noviembre de 2024, último mes de pago, las asignaciones sumaron $35.255.297,73 en bruto y $21.828.203,92 netos, equivalentes a más de $35,77 millones ajustados por inflación. Eso incluía $6 millones por zona austral, hoy $9,8 millones, por cuyo cobro se abrió una causa penal.
El reclamo para que no se aplique el descuento del 20% se basa en dos argumentos: que la resolución no fue notificada formalmente a Kirchner ni a su abogado, y que el porcentaje resulta confiscatorio.
Tras la baja de las prestaciones en noviembre de 2024, Kirchner inició un juicio para recuperarlas, sin sentencia de fondo. La restitución actual es una medida cautelar. Contra ella hay dos recursos de queja ante la Corte Suprema, presentados por la Anses y el fiscal Juan Carlos Paulucci.
La cautelar había sido rechazada en primera instancia por la jueza Karina Alonso Candis, pero la cámara revisora la concedió por cuestiones alimentarias, sin analizar que la exfuncionaria cumple una condena de seis años de prisión, lo que según un dictamen del procurador general Eduardo Casal suspende el cobro de ingresos previsionales.
El cumplimiento se demoró porque la Anses pidió una caución real, luego reemplazada por una caución juratoria de Kirchner, y la Justicia intimó al organismo en julio.
Los dos ingresos surgen de la ley 24.018 y son considerados de privilegio porque no requieren edad ni aportes. Kirchner cobró ambos beneficios al finalizar su mandato; durante el gobierno de Mauricio Macri se suspendió uno por incompatibilidad, y en marzo de 2021 la entonces directora de la Anses, Fernanda Raverta, repuso la asignación. El cobro del doble beneficio tiene una causa judicial abierta con un recurso de queja ante la Corte presentado por Graciela Ocaña.