La Cámara alta aprobó con modificaciones la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el oficialismo debió retirar el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros. El proyecto obtuvo media sanción tras una sesión de más de 12 horas, con 39 oradores y la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El Senado aprobó este viernes con modificaciones la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el oficialismo debió aceptar la eliminación del Capítulo III, que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras. La iniciativa obtuvo media sanción tras una sesión que se extendió por más de 12 horas, con 39 oradores inscriptos y la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia.
El proyecto, que fue presentado hace 130 días, tuvo cuatro sesiones y 17 borradores. Según fuentes de la Casa Rosada, la decisión de retirar el capítulo de tierras se tomó después de que el oficialismo no lograra reunir los votos necesarios para su aprobación. El comunicado oficial, difundido por la oficina de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló: «El consenso alcanzado demuestra la madurez política de una mayoría parlamentaria comprometida con impulsar reformas estructurales sin resignar la búsqueda de acuerdos duraderos».
Durante la sesión, el senador Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza) defendió su posición sobre el capítulo eliminado y afirmó que «la ley que supuestamente defendía la soberanía nacional permite comprar tierra a los Estados extranjeros». Además, el peronismo intentó vaciar el recinto para que el texto volviera a comisiones, pero su pedido fue rechazado por 38 legisladores.
La votación se produjo en un contexto de alta exposición pública. Un informe de la consultora Reputación Digital detectó que el 69% de los mensajes en redes sociales sobre la iniciativa fueron negativos. La cantante Tini Stoessel publicó en Instagram una imagen de un paisaje patagónico con la frase «La Patria no se vende», que fue compartida por más de 22 millones de seguidores. El senador Luis Juez (UCR) declaró: «Defendimos mal el debate sobre Tierras. Nos faltó inteligencia y picardía».
El Gobierno había convocado a una movilización en contra de la iniciativa, que contó con la participación de la CGT, la UTEP, las dos CTA y el PJ. Frente al Congreso, un grupo de manifestantes lanzó proyectiles a los agentes de seguridad, quienes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos.
La derrota del Capítulo III expuso diferencias internas en el oficialismo. Según fuentes parlamentarias, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se opuso a las concesiones que Bullrich negoció con bloques dialoguistas. El 19 de julio, la sesión pasó a un cuarto intermedio por falta de votos. Sturzenegger llamó personalmente a varios legisladores para transmitirles su rechazo a una cláusula que reafirmaba la facultad constitucional de las provincias para imponer restricciones sobre la compra de tierras.
Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén) fueron de los primeros en desmarcarse del proyecto. En la Cámara alta, La Libertad Avanza consolidó un universo de 44 senadores propios y aliados, que según el oficialismo no se pondrá en riesgo por esta derrota parcial.
El Gobierno ya tiene en carpeta otras reformas, como las modificaciones al Banco Central, Inocencia Fiscal II, el Súper RIGI, el régimen de Zona Fría y la posible eliminación o suspensión de las PASO. Según fuentes de la Quinta de Olivos, la reforma electoral es una prioridad para Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia.
En paralelo, la opinión pública muestra un deterioro en la imagen del Gobierno. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y quedó en 1,94 puntos sobre cinco. Un relevamiento de Poliarquía reveló que el 66% de la población prefiere un cambio respecto de la situación económica actual. Según Management & Fit, el 43,2% piensa que el país estará peor dentro de un año y el 58,6% desaprueba la gestión. El Banco Central registró 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda financiera y 5,8 millones con al menos una obligación con más de 90 días de atraso.