El Ejecutivo no ejecutó la Ley de Financiamiento Universitario desde enero, lo que generó un ahorro fiscal estimado en 816 millones de dólares. La Corte Suprema aún no definió la fecha de su resolución.
Durante mayo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no emitió un fallo sobre la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional. Según fuentes oficiales, si el máximo tribunal se pronuncia en junio, otorgará un plazo de 30 días al Ministerio de Economía para reglamentar la aplicación de la ley. Esto implicaría que los pagos comenzarían a contabilizarse fiscalmente a partir de agosto.
El costo anual de aplicar la ley fue estimado en 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a unos 1.350 millones de dólares. Si la implementación se limita a los últimos cinco meses del año fiscal, el gasto se reduciría a entre 467 y 580 millones de dólares, un 0,08% del PBI.
El Gobierno acumuló un ahorro de 816 millones de dólares desde enero, al no ejecutar la ley durante ese período. Cada mes sin fallo representa un ahorro adicional de aproximadamente 117 millones de dólares para el presupuesto fiscal de 2026.
El conflicto judicial comenzó cuando el Poder Ejecutivo, bajo la administración de Javier Milei, suspendió por decreto la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, argumentando falta de financiamiento y afectación al equilibrio fiscal. Las universidades nacionales, agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), recurrieron a la Justicia para exigir su cumplimiento.
En instancias previas, la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó una medida cautelar que ordena aplicar artículos clave de la ley, incluyendo actualización presupuestaria, salarios docentes y no docentes, y becas estudiantiles. El juez federal Enrique Cormick dictó un fallo favorable a las universidades en primera instancia. La Cámara habilitó el recurso extraordinario del Estado, suspendiendo la ejecución fiscal hasta que la CSJ defina el fondo de la cuestión.
La CSJ deberá resolver si el Poder Ejecutivo puede no ejecutar un gasto fiscal mientras se define la constitucionalidad de una ley que implique erogaciones que incrementen el presupuesto aprobado. También debe determinar si el gasto debe contabilizarse desde el momento del fallo o de forma retroactiva, y si el Ejecutivo puede negarse a cumplir una ley del Congreso por falta de fondos. Otro punto a definir es si la meta de superávit fiscal primario de 1,4% del PBI, consagrada en el Presupuesto Nacional, prevalece sobre otras leyes que impliquen mayor gasto.
El Gobierno sostiene que, según datos del Ministerio de Economía, durante los primeros cuatro meses del año se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2%. La meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026 es un superávit primario de 1,4% del PBI, equivalente a unos 6.200 millones de dólares.