jueves, 14 mayo, 2026

El gobierno de Trump solicita datos de salud a aseguradoras de empleados federales

La Oficina de Administración de Personal de EE.UU. pidió información detallada sobre servicios médicos a las aseguradoras del programa federal, una medida que afectaría a más de 8 millones de personas y genera debate sobre su finalidad y posibles riesgos.

La Oficina de Administración de Personal (OPM) del gobierno de Donald Trump impulsó una solicitud para recopilar datos de salud de los empleados federales en Estados Unidos. El pedido, dirigido a las aseguradoras que gestionan los programas de salud federales, incluye información sobre el uso de servicios médicos, costos, medicamentos y proveedores.

Según una publicación oficial, la OPM requiere datos de los programas de Beneficios de Salud para Empleados Federales (FEHB) y de Servicios Postales (PSHB). Esto abarca un desglose de reclamaciones médicas y de farmacia, así como información de los proveedores. La agencia argumenta que el objetivo es mejorar el servicio para los trabajadores, supervisando los programas para asegurar que los planes sean competitivos, de calidad y asequibles.

La solicitud está dirigida a 65 aseguradoras que prestan servicios a empleados y jubilados federales y postales. Se estima que la medida afectará a más de 8 millones de estadounidenses, entre trabajadores activos y retirados. La OPM calculó que, durante el primer año, cada compañía deberá dedicar aproximadamente 225 horas a recopilar la información, reduciéndose a 12 horas por empresa en entregas posteriores.

Sin embargo, la iniciativa ha generado polémica y dudas entre expertos y agrupaciones. Según reportes, existe preocupación por el destino y uso práctico de estos datos, ya que la OPM no ha detallado las condiciones de su almacenamiento. La abogada Sharona Hoffman, citada por CBS News, señaló el riesgo de que la información «podría usarla para sancionar o perseguir a quienes no cooperen políticamente». Otros expertos mencionaron que el gobierno federal tendría acceso a datos sensibles, como empleadas que se sometieron a abortos o trabajadores que recibieron tratamientos para personas transgénero, lo que podría representar un riesgo en estados con restricciones sobre estas prácticas.

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