Luis Caputo afirmó que está “más que cómodo” con el dólar rondando los $1500, y que no habrá cambios en el esquema cambiario después de las elecciones. El ministro ya perdió todo tipo de credibilidad y sigue canchereando mientras la crisis se agudiza. Sostener ese precio intervenido tiene un costo altísimo, se está pagando usando dólares prestados y con la “ayuda” directa del Tesoro de Estados Unidos, a cambio de una subordinación total al imperialismo noteramericano.
En las últimas semanas, el Banco Central (BCRA) intensificó sus intervenciones en el mercado de futuros del dólar para contener las expectativas de devaluación para los próximos meses. Solo en septiembre, la posición vendida del BCRA aumentó en US$ 1.800 millones, alcanzando un total de US$ 6.800 millones. A mediados de octubre, el monto operado ya habría superado los u$s 7.000 millones según distintas estimaciones, el nivel más alto en lo que va del año.
Estas operaciones consisten en pactar un precio del dólar a futuro: si la cotización real supera el valor acordado, el Banco Central debe pagar la diferencia en pesos. No se entregan dólares reales, pero sí se asume un costo creciente. Esto agrega un problema financiero para el gobierno, al costo político que conllevaría una devaluación. Los contratos de dólar futuro concentrados en octubre implican una bomba de tiempo: si el peso se devalúa, el BCRA deberá compensar la diferencia.
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Tras la derrota en las elecciones bonaerenses, Milei y Caputo buscaron un salvavidas en Donald Trump y Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano. Fue entonces cuando se concretó el acuerdo de “asistencia directa” de Washington para sostener el tipo de cambio. Según el economista Amílcar Collante, el Tesoro de Estados Unidos ya gastó unos US$ 1.800 millones para apuntalar el peso argentino desde que irrumpió en el mercado local. Sumando las intervenciones del Tesoro, del propio BCRA y las maniobras de Bessent, se inyectaron más de US$ 5.000 millones de forma directa en el mercado cambiario.
Caputo finge estar en una situación sólida: “Tenemos un Banco Central capitalizado, fundamentos económicos como Argentina no tuvo nunca y un soporte financiero de Estados Unidos como ningún país en el mundo”, se jactó en una entrevista en La Nación+. Pero detrás del discurso triunfalista se esconde una entrega sin precedentes. Ese “soporte financiero” no es gratis: Washington exige garantías. Los términos del acuerdo no se conocen, pero nadie duda de que implican nuevas condiciones a favor de las corporaciones estadounidenses: más privatizaciones, apertura total de la economía y la entrega de bienes comunes naturales como el litio o el uranio entre otros.
Deuda o devaluación: una falsa dicotomía
El gobierno busca instalar que puede mantener el dólar contenido, que los problemas financieros serían sólo pasajeros y que está evitando una devaluación drástica que sería la única alternativa. Pero esa es una falsa dicotomía, una trampa para las grandes mayorías que siempre saldrían perdiendo.
Un dólar atrasado implica una economía frenada, salarios licuados, destrucción del empleo y un endeudamiento cada vez más asfixiante. Una devaluación, por su parte, significaría un golpe directo a los sectores populares, trasladando el ajuste vía inflación.
El “orden” que Milei y Caputo prometen se construye sobre el sometimiento a los designios del imperialismo. Trump y Bessent no vinieron a ayudar: vinieron a garantizar que la Argentina siga siendo un país subordinado y fuente de negocios para el capital concentrado del norte.
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Mientras los fondos de inversión hacen ganancias millonarias con el carry trade y el gobierno se arrodilla ante Washington, las consecuencias las paga el pueblo trabajador. Las reservas del Banco Central se evaporan para sostener una esquema que sólo beneficia a los especuladores. Cada intervención en el mercado de futuros es una transferencia de recursos públicos hacia el capital financiero.
El aumento de la deuda externa no es una solución, sino una trampa. Refuerza la dependencia y debilita la soberanía. Por eso, la única salida real no pasa por elegir entre más deuda o más ajuste, sino por romper con ambos caminos. Hace falta una alternativa que recupere el control de los recursos y del comercio exterior, que nacionalice la banca bajo control de los trabajadores y que planifique democráticamente la economía en función de las necesidades sociales, no de las ganancias de un puñado de empresarios.
En este escenario, un buen resultado del Frente de Izquierda en las elecciones sería un punto de apoyo para construir esa perspectiva: para pelear por una salida propia de las mayorías, sin mandatos del FMI ni de Washington, y para terminar con el chantaje permanente de la deuda y la dependencia.