Un tribunal de apelaciones de Washington impidió una audiencia sobre si la ex secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, incurrió en desacato al deportar venezolanos designados como presuntos pandilleros. La decisión, con votos divididos, generó un debate sobre los límites de la autoridad judicial en asuntos de seguridad nacional.
Un tribunal federal de apelaciones impidió este martes que un juez de distrito celebrara una audiencia para investigar un posible desacato al tribunal por parte de la ex secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios. El caso se centra en la deportación, el año pasado, de dos aviones con venezolanos designados como presuntos miembros de pandillas.
En una decisión dividida de 2-1, un panel del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC consideró que el esfuerzo del juez de distrito James Boasberg por realizar la audiencia constituía «un claro abuso de discreción». La mayoría argumentó que la orden judicial original no era lo suficientemente clara respecto al traslado de custodia de los detenidos.
El conflicto judicial surgió tras la deportación de 137 venezolanos, a quienes la administración del entonces presidente Donald Trump designó como miembros del grupo Tren de Aragua. Para la expulsión, se amparó en la Ley de Extranjeros Enemigos, una legislación de uso poco frecuente vigente en tiempos de guerra, y los deportó inicialmente a El Salvador. Posteriormente, los individuos fueron devueltos a Venezuela y liberados.
El juez Boasberg había emitido una orden en marzo de 2025 exigiendo el regreso de los aviones, tras una demanda de emergencia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El gobierno argumentó que cumplió con las resoluciones escritas posteriores y que la orden inicial no especificaba que los detenidos debían ser devueltos a Estados Unidos.
La jueza Neomi Rao, redactora de la opinión mayoritaria junto al juez Justin Walker (ambos designados por Trump), criticó que Boasberg intentara «investigar las deliberaciones del Poder Ejecutivo sobre asuntos de seguridad nacional y diplomacia». En disidencia, la jueza Michelle Childs, nominada por Joe Biden, sostuvo que la mayoría «rompe con la investigación de los hechos» al declarar al gobierno «libre de enjuiciamiento» prematuramente.
El Departamento de Justicia, que instó a la corte a bloquear la audiencia, argumentó además que el juez carecía de autoridad para interrogar a abogados del gobierno sobre sus deliberaciones. El caso ocurre en un contexto de cambios en la administración de Seguridad Nacional, tras la destitución de Noem y la confirmación de su reemplazo, el senador Markwayne Mullin.