El Gobierno nacional respondió a los planteos de Petersen/Eton y Bainbridge, que buscan ejecutar de forma inmediata el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF
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La presentación se hizo ante la justicia de Nueva York.
En una nueva etapa del juicio por la expropiación de YPF, el Estado nacional presentó su rechazo formal a los pedidos de los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge, quienes solicitaron a la jueza Loretta Preska que no suspenda la ejecución de la sentencia que ordena la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal.
La presentación argentina responde a los escritos presentados el lunes 7 por los fondos litigantes. En particular, el documento de Petersen/Eton incorpora una transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
En esa línea, la Procuración del Tesoro presentó sendas respuestas en ambos casos. Los principales argumentos esgrimidos por la Argentina son:
En el caso Petersen/Eton, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo de u$s16.100 millones aún apelado y con fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.
Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible.
Por último, la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.
En el caso Bainbridge, advirtieron una violación del derecho argentino ya que transferir las acciones implicaría incumplir la Ley 26.741, que consagra el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos.
También advierten que no existen antecedentes jurisprudenciales que avalen ejecutar activos de otro Estado en EEUU en las condiciones que propone la orden de la jueza Preska, “lo que refuerza las chances de revertir el fallo”, completan.
El Gobierno también trabaja en la apelación formal de la orden de “turnover” y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, en caso de que la jueza Preska rechace la solicitud.