Un grupo de personas se manifestó el 2 de septiembre frente al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) en Santa Rosa para reclamar por la situación de familias inscriptas. La presidenta del organismo, Érica Riboyra, confirmó que más de 2.500 hogares están habilitados para participar en sorteos en esa ciudad.
El 2 de septiembre se realizó una protesta frente a la sede central del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) en Santa Rosa, La Pampa. El grupo estuvo integrado mayoritariamente por mujeres inscriptas en el registro de vivienda que expusieron situaciones vinculadas a alquileres, enfermedades, discapacidades y menores a cargo.
Algunas representantes ingresaron al edificio para dialogar con autoridades, mientras el resto permaneció en la vereda. Una de las manifestantes declaró que lleva más de veinte años inscripta y que su marido requiere oxígeno, no puede trabajar y uno de sus hijos tiene una discapacidad. También afirmó haber presentado documentación médica en reiteradas oportunidades.
El reclamo central consistió en que esas condiciones sean evaluadas de manera particular y con intervención de trabajadores sociales.
La presidenta del IPAV, Érica Riboyra, confirmó la cantidad de inscriptos y sostuvo que el sorteo público es el único mecanismo de adjudicación. Declaró que en Santa Rosa hay más de 2.500 familias inscriptas y habilitadas para participar. También rechazó que la adjudicación dependa de la intensidad del reclamo o la visibilidad.
Riboyra atribuyó parte de la situación a la paralización de programas y obras nacionales dispuesta por la administración de Javier Milei. Afirmó que la Provincia continúa construyendo con recursos propios y que ofrece respuestas dentro de esa restricción.
En marzo de 2025, el Ejecutivo pampeano destinó $28.000 millones a una operatoria para financiar viviendas de 700 familias con lote propio. Esa herramienta alcanzaba a hogares que ya disponían de terreno y no incluía a quienes dependen de una unidad social adjudicada por el IPAV.