Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este jueves que la construcción del nuevo salón de recepciones de la Casa Blanca, valuado en 200 millones de dólares, requiere la aprobación del Congreso. La decisión mantiene el bloqueo de la mayor parte de los trabajos.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este jueves la suspensión de las obras para la construcción de un nuevo salón de recepciones y cenas de Estado en la Casa Blanca, valuado en 200 millones de dólares. El fallo sostiene que el presidente no puede disponer por sí solo de modificaciones permanentes en la residencia ejecutiva y que el proyecto requiere la autorización del Congreso.
La decisión fue emitida por los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia, quienes escribieron: «Todo presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y de la residencia ejecutiva». La resolución confirma una sentencia de abril de un juez federal que había bloqueado la mayor parte de los trabajos hasta que el Poder Legislativo apruebe formalmente el proyecto.
La resolución permanecerá suspendida durante 14 días para permitir que la Casa Blanca presente un recurso ante la Corte Suprema. Por ese motivo, las obras no deberán detenerse de inmediato.
El proyecto, anunciado por el presidente Donald Trump a comienzos de este año, contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 8.300 metros cuadrados con capacidad para alrededor de 650 invitados. Según la administración, la Casa Blanca no cuenta con un espacio adecuado para albergar grandes eventos oficiales y cenas de Estado. La cifra supera ampliamente al East Room, actualmente el mayor salón de la residencia presidencial, que puede recibir unas 200 personas.
La Casa Blanca sostuvo que el proyecto sería financiado con aportes privados, incluidos fondos del propio Trump y de otros donantes, sin recurrir a recursos de los contribuyentes. Sin embargo, organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio histórico demandaron a la administración al considerar que una modificación de semejante magnitud requiere la autorización del Congreso y el cumplimiento de distintas normas federales de protección histórica.
El caso plantea el alcance de las facultades del presidente para introducir cambios permanentes en uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos. Si bien la administración de la Casa Blanca corresponde al Poder Ejecutivo, su preservación está regulada por leyes federales y supervisada por distintas agencias y por el propio Congreso.