miércoles, 29 julio, 2026

Encontraron casi 400 kilos de cocaína en camiones cisterna en Santa Fe: imputaron a dos choferes y un acompañante

La justicia federal imputó a tres personas tras descubrir 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna interceptados en la Ruta Nacional 34, provincia de Santa Fe.

La justicia federal imputó a tres personas tras descubrir 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna interceptados en la Ruta Nacional 34, provincia de Santa Fe. El operativo, desarrollado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), permitió desarticular parte de una presunta organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes.

Según informó el portal oficial del Ministerio Público Fiscal, el procedimiento ocurrió cerca de la medianoche del 23 de julio, cuando agentes del Escuadrón de Seguridad Vial “Rafaela” de la GNA detuvieron dos camiones cisterna de matrícula boliviana en la localidad de Susana, ubicada en el departamento Castellanos.

Los vehículos circulaban en convoy y, durante el control, surgieron indicios que alertaron a las autoridades. Uno de los conductores se negó al principio a identificarse y tampoco presentó la documentación obligatoria ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Durante la inspección, un sargento percibió un intenso olor a combustible proveniente de la cabina, una táctica que, según el personal judicial, suele emplearse para intentar enmascarar el aroma de estupefacientes.

La pesquisa se intensificó al observarse la presencia de cinco mochilas dentro del primer camión. Al ser consultado sobre el contenido, el chofer primero indicó que se trataba de “ropa sucia”. Finalmente terminó admitiendo que transportaba “cosas prohibidas”.

Tras la notificación a la Unidad Fiscal Rafaela y la autorización judicial del juez de garantías Santiago Saux, se procedió a la requisa. Los efectivos hallaron en ese primer camión 10 mochilas con 228 ladrillos de cocaína, con un peso total de 239 kilos distribuidos entre la cabina y la cisterna.

La investigación oficial confirmó que ambos camiones habían ingresado a la Argentina desde Bolivia el 22 de julio, con diferencia de veinte minutos, por el paso fronterizo de Salvador Mazza, en la provincia de Salta. La Dirección Nacional de Migraciones y la Aduana de Pocitos aportaron imágenes del escaneo de los vehículos en frontera. En ese momento, ambos camiones estaban vacíos, lo que llevó a los fiscales a presumir que la droga fue incorporada en territorio argentino.

El segundo camión, también detenido y requisado tras la orden judicial, transportaba en el sector de la cisterna otras seis mochilas idénticas a las anteriores, que contenían 142 ladrillos y un peso total de 149,5 kilos de clorhidrato de cocaína. Según la información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal, el valor de mercado de la droga incautada supera los 13.500 millones de pesos.

Los fiscales Gonzalo Ruggeri (PROCUNAR NEA) y Federico Grimm (Unidad Fiscal Descentralizada Rafaela) expusieron que los involucrados actuaron “con dominio funcional del hecho y distribución de roles orientados a un fin común: recibir la sustancia estupefaciente, coordinar y ejecutar su traslado por vía terrestre en convoy, y concretar su entrega en el destino previsto dentro del país”.

Además, remarcaron que “cada aporte, como el acondicionamiento y ocultamiento de la droga, la conducción de los rodados, la vigilancia y coordinación”, fueron “funcionalmente” necesarios para ejecutar el plan.

El juez Santiago Saux dio por formalizada la imputación en base a los hechos, las evidencias y la calificación legal presentadas por la fiscalía, y aceptó el planteo de medida de coerción. Dispuso prisión preventiva para los tres imputados —los dos conductores y un acompañante— por el plazo de 121 días, período que coincide con el tiempo inicial previsto para el desarrollo de la investigación.

La fiscalía calificó la conducta de los detenidos como coautoría del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la cantidad de intervinientes, según lo establece la Ley 23.737. La medida de coerción tiene como objetivo asegurar la sujeción de los acusados al proceso penal y evitar cualquier intento de entorpecimiento de la investigación en curso.

La causa sigue abierta y las autoridades continúan trabajando para identificar al resto de los integrantes de la presunta organización internacional dedicada al tráfico de drogas.

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