La administración británica de las Islas Malvinas extendió hasta 2047 los derechos de explotación pesquera y avanza con un proyecto petrolero en la cuenca León Marino, en el marco de una estrategia económica que refuerza el control sobre los recursos naturales del archipiélago.
Mientras el presidente Javier Milei evalúa un viaje a Londres, la administración británica de las Islas Malvinas continúa con la explotación de recursos naturales en la zona. En 2022, el gobierno de las islas extendió por 25 años los derechos de explotación de las principales pesquerías comerciales, garantizando previsibilidad a las empresas hasta 2047. La medida fue publicada el 31 de mayo de 2022 en el Boletín Oficial del gobierno británico de las Malvinas, donde se establece que las nuevas Cuotas Individuales Transferibles (ITQ) serán otorgadas por un período de 25 años a partir del 1 de enero de 2023.
Además, en abril de 2022 se aprobó el primer proyecto para la explotación petrolera en la cuenca León Marino, al norte de la isla Soledad. El consorcio encabezado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration prevé extraer aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo para 2028. De concretarse, sería el primer desarrollo offshore comercial en aguas del archipiélago.
Un relevamiento de la plataforma Global Fishing Watch detectó al 6 de julio buques con bandera de España, Corea del Sur, Vanuatu y Taiwán operando en aguas bajo administración británica alrededor de Malvinas. La pesca de calamar Loligo, Illex argentinus, merluza y merluza negra constituye el principal sostén económico de los isleños, mediante licencias y cuotas pesqueras.
En junio de 2026, durante un plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, el exministro de Defensa y diputado Jorge Taiana afirmó: “Argentina tiene una zona claramente afectada por la pesca ilegal que es Malvinas. En esa área de nuestra Zona Económica Exclusiva, los británicos otorgan licencias ilegales de pesca por hasta 25 años sin autorización argentina”.
La explotación de estos recursos se realiza en el marco de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y está contemplada en las resoluciones 20/65 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales. El gobierno argentino mantiene su reclamo diplomático a través del Comité de Descolonización y otros foros internacionales.