El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, declaró personas no gratas a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, y a seis integrantes de su administración, a quienes responsabiliza de los daños registrados en la fachada del recinto legislativo durante las protestas del 27 de mayo. La medida prohíbe el ingreso al Palacio Legislativo.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, declaró personas no gratas a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, y a seis integrantes de su administración, a quienes responsabiliza de los daños registrados en la fachada del recinto legislativo durante las protestas contra la reforma electoral del pasado 27 de mayo. La medida implica la prohibición inmediata de ingreso al Palacio Legislativo.
Apenas siete meses atrás, el 5 de noviembre de 2025, Quiroz cruzó esas mismas puertas para rendir protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan, tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, su compañero sentimental y fundador del Movimiento del Sombrero. Hoy, el mismo recinto le cierra el acceso.
Gaona García enumeró a los funcionarios vetados: el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo; el secretario de Obras Públicas, Esteban Constantino Magaña; el secretario del Ayuntamiento, Arturo Ramírez Rivas; el secretario de Turismo, Emilio Herrera Cuadra; y la responsable de comunicación digital del municipio, Martha Alejandra Ávila Ortega.
El diputado fue tajante al precisar el alcance de la medida. “Es un movimiento muy agresivo y la verdad su visita en el Congreso no es grata. Se les va a prohibir la entrada. Si se les va a atender pero de la puerta hacia afuera”, declaró. Cuestionado sobre si la restricción sería parcial o total, respondió en una sola palabra: “Impedir”.
“Ellos no son personas gratas para el Congreso”, reiteró Gaona García ante los medios de comunicación.
La jornada de protesta ocurrió mientras el Congreso debatía y aprobaba la reforma electoral rumbo a 2027. Integrantes del Movimiento del Sombrero, también conocido como La Sombreriza, se congregaron dentro y fuera del recinto para exigir cambios a disposiciones que, a su juicio, restringen la participación de candidaturas independientes.
Afuera, los manifestantes lanzaron consignas como “le temen al pueblo entero”. Al interior, desde el área de invitados, Quiroz y parte de su comitiva siguieron el debate. Cuando se realizó la votación nominal, la alcaldesa y sus acompañantes increparon al diputado Conrado Paz Torres, exindependiente y promotor del dictamen, al grito de “¡traidor!”.
Según Gaona García, al recibir reporte de que un grupo llegaba con actitud agresiva, ordenó cerrar las puertas del inmueble para proteger a un grupo de niñas y niños que participaban en un evento oficial al interior. Los menores fueron evacuados por una salida de emergencia. Tras la manifestación, la fachada principal del edificio histórico presentó daños.
Horas después de la aprobación del dictamen, la alcaldesa de Uruapan abandonó el Congreso y anunció que acudiría a tribunales para impugnar la reforma electoral. Quiroz había señalado previamente que la iniciativa busca frenar al movimiento independiente que encabeza.
Carlos Manzo Rodríguez ganó la presidencia municipal de Uruapan en 2024 como candidato independiente, bajo la figura política del Movimiento del Sombrero, una organización ciudadana que buscaba romper con los partidos tradicionales en uno de los municipios con mayor índice de violencia en México. El 1 de noviembre de 2025 fue asesinado a balazos, sin que hasta ahora haya una sentencia condenatoria por el crimen.
Grecia Quiroz, su pareja y madre de dos de sus hijos, asumió la alcaldía días después. Desde entonces conduce en paralelo el gobierno municipal y el movimiento político, cuya principal batalla hoy es la reforma electoral de Michoacán.
En paralelo al veto, el presidente de la Mesa Directiva ordenó retirar las escoltas armadas del diputado del Movimiento del Sombrero, Carlos Alejandro Bautista Tafolla. El motivo: acudir a las sesiones portando armas de fuego sin que estuvieran registradas conforme al procedimiento que establece la Ley Orgánica del Congreso local.