La investigación a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi encontró notas dirigidas a un operador externo que indican sobreprecios del 20% en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Buenos Aires, 24 de mayo (NA) – La Justicia que investiga presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encontró nuevas pruebas que indican que los intermediarios que intervenían en las compras de materiales se quedaban con hasta un 20 por ciento de las operaciones realizadas por el organismo, según publicó este domingo el diario La Nación.
La investigación, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, detectó coincidencias entre las compras del organismo y las anotaciones de Miguel Ángel Calvete, un lobista sospechado de quedarse con la quinta parte del dinero que les correspondía a las contratistas a cambio de ofrecerles participar en licitaciones.
En una de las notas encontradas, enviada a Calvete por una empresa, se lee “Miguel $6.600.000″, otra con “Guadalupe $1.650.000″ y una más con “Cobrado el 30/6″, todas en la misma fecha y con cifras que representan el 20% del total de las operaciones de esa firma.
Según el fiscal Franco Picardi, Calvete tuvo un rol central en la estructura de corrupción, ya que “sin ser funcionario de la ANDIS, habría articulado adjudicaciones ilegales y se habría beneficiado de retornos derivados de las contrataciones”.
El expediente también registra que Calvete mantenía diálogo con funcionarios de la ANDIS que lo mantenían al tanto de sus pagos. Por ejemplo, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del área, Daniel Garbellini, le envió un mensaje que decía: “Sus ofrendas de esta semana”, acompañado de una lista de 10 contratistas del Estado con la suma de $2.021 millones.
Ese mismo día, 24 de julio de 2025, el organismo emitió 16 certificados de pago a las mismas empresas mencionadas, que suman una cifra idéntica ($2.021 millones), según surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por el diario La Nación.
