El gobierno de Estados Unidos mantiene una estrategia de máxima presión económica y política hacia Cuba, en el marco de una política exterior más amplia para América Latina. El texto analiza los objetivos, las reacciones del régimen cubano y los escenarios posibles.
La situación en Cuba se agravó tras la intervención estadounidense en Venezuela a principios de año. Desde entonces, se interrumpieron los suministros de petróleo venezolano, que representaban más del 60% de las importaciones de petróleo de la isla. Paralelamente, Washington amplió las sanciones contra empresas y países que mantienen vínculos con el régimen cubano.
El objetivo declarado de la administración estadounidense es limitar el margen de maniobra económico y político de La Habana para inducir una transición política y económica. Según el texto, el cambio debería conducir a la apertura económica, la liberación de presos políticos, oportunidades de inversión para empresas estadounidenses y, a largo plazo, un gobierno cooperativo con Estados Unidos. No se especifica si el cambio se buscaría con parte del régimen actual o con su sustitución.
La política hacia Cuba se enmarca en una estrategia de política exterior que el texto describe como un retorno a una versión modernizada de la Doctrina Monroe. Cuba es considerada uno de los últimos adversarios de Estados Unidos en América Latina. La estructura de poder en la isla es cohesionada e incluye al Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el aparato de seguridad y agentes económicos. El expresidente Raúl Castro mantiene influencia en las decisiones estratégicas, según el texto.
La administración estadounidense mantiene una estrategia de máxima presión. El objetivo es aumentar los costos de permanecer en el poder para la élite gobernante cubana, de modo que una parte esté dispuesta a una transición ordenada. Este enfoque permitiría conservar las estructuras estatales, introducir reformas graduales y evitar los riesgos de un colapso repentino o una intervención militar.
El régimen cubano aprobó reformas económicas que abren sectores clave a privados y capital extranjero. Washington no interpretó estas medidas como un cambio de rumbo fundamental, sino como concesiones limitadas para ganar tiempo.
El texto señala que la presión económica histórica no ha derrocado al régimen, pero la crisis actual es más grave. Si la estrategia no produce resultados tangibles, podrían aumentar los reclamos por medidas más contundentes. El presidente Trump mencionó la posibilidad de una intervención militar. Encuestas citadas indican que el 77% de los cubanos desea una transición hacia economía de mercado y democracia liberal, y más del 60% acogería una intervención de Estados Unidos.
No se han registrado protestas masivas a nivel nacional. Las protestas locales aumentan, y se menciona un incendio en una sede local del partido y manifestaciones espontáneas. La falta de un movimiento nacional se atribuye a la dedicación de la población a la supervivencia diaria y a la eficacia del aparato represivo. Desde 2019, unos tres millones de los once millones de habitantes abandonaron el país, mayoritariamente jóvenes.
El texto plantea que un eventual cambio de régimen no implicaría automáticamente una transición a la democracia liberal. Faltan partidos independientes, medios libres, sociedad civil fuerte y sindicatos autónomos. La diáspora cubana podría tener un papel clave, aunque está fragmentada. La construcción de instituciones democráticas sólidas sería un requisito para el éxito a largo plazo.
El texto concluye con recomendaciones para Alemania y la Unión Europea: denunciar violaciones de derechos humanos, utilizar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, exigir el cumplimiento de sus disposiciones e implicar a la sociedad civil cubana independiente.