Mientras el Gobierno nacional redujo el presupuesto en $2,8 billones para 211 programas, la Secretaría de Inteligencia de Estado conservó sus $97 mil millones, de los cuales $19 mil millones corresponden a gastos reservados. Según datos oficiales, el organismo ya devengó $3.796 millones en ese concepto en lo que va del año.
El 11 de mayo, mediante la decisión administrativa 20/2026 firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializó una reducción del presupuesto nacional en $2,8 billones para 211 programas, que incluyó áreas de salud y educación. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no fue alcanzada por esos recortes y mantuvo sus recursos en $97 mil millones, de los cuales $19 mil millones están destinados a gastos reservados, fondos cuyo uso no es de público conocimiento por razones de seguridad.
Durante esa misma semana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, impulsó la designación del diputado Sebastián Pareja como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Organismos y las Actividades de Inteligencia. Dicha comisión tiene la responsabilidad de examinar los gastos reservados de la SIDE. Según datos del presupuesto abierto verificados por PERFIL, el organismo a cargo de Cristian Auguadra devengó $3.796 millones en gastos reservados en lo que va del año, de los cuales $1.320 millones se gastaron en los últimos dos meses.
El diputado nacional por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, declaró a PERFIL: “No tengo dudas de que hay sobresueldos. Se podrían estar pagando a través de transferencias cripto a los funcionarios, gastos reservados de SIDE y contratos de consultoría de algunas empresas públicas del Estado nacional”.
La comisión bicameral del Congreso, además de fiscalizar los gastos reservados, tiene la facultad, según la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), de controlar e investigar de oficio todas las acciones vinculadas con la SIDE, emitir opiniones sobre proyectos legislativos relacionados, intervenir en la elaboración del presupuesto del organismo y elaborar anualmente un informe reservado con los resultados de su fiscalización.
El 12 de mayo la comisión quedó conformada por cinco miembros del oficialismo (los diputados Gabriel Bornoroni, César Treffinger y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche, además de Pareja); tres de Unión por la Patria (los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez); dos del PRO (el senador Martín Goerling y el diputado Cristian Ritondo); el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moisés (Convicción Federal) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el presupuesto total de la SIDE creció un 546%, pasando de $15 mil millones a $97 mil millones, 325 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y abril de 2026 (221,6% según el Indec). El monto asignado a gastos reservados aumentó un 2.823%, de $640 millones a $19 mil millones. En personal, la SIDE ya ejecutó $20 mil millones de los $56 mil millones disponibles, con un crecimiento del 366% desde 2023.
Según el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), para abril la Administración Pública Nacional mostró una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023. En ese contexto, la SIDE registró un incremento real del 25% en su ejecución. A mayo, la ejecución presupuestaria del organismo alcanzó el 29%, superior a la de programas como el de atención médica a personas con discapacidad (10%) y mayor a 62 de los 91 programas del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, registró una de las caídas presupuestarias más pronunciadas, de $70 mil millones, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Los programas más afectados fueron el de fortalecimiento de sistemas provinciales de salud (con $25 mil millones menos) y el de acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica (con una reducción de $20 mil millones).
Por estos recortes, esta semana se convocó a una marcha federal por la salud pública, de la que participaron trabajadores sanitarios, organizaciones de pacientes, sindicatos y universidades. El Instituto Argentina Grande informó, con base en cifras oficiales, que más de 740 mil personas perdieron su cobertura privada de salud desde el inicio de la actual administración, lo que incrementó la demanda en los servicios públicos provinciales.
El Ministerio del Interior fue el que más recursos perdió en términos porcentuales: un 38% en una sola vez, unos $320 mil millones, principalmente en Aportes del Tesoro Nacional.