El Fondo Monetario Internacional reconoció avances en la estabilización económica, pero advirtió que los riesgos a corto plazo siguen siendo elevados debido al contexto internacional y a la incertidumbre electoral.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa económico de Argentina y autorizó un desembolso de US$ 1.000 millones. En un documento publicado en su sitio oficial, el organismo destacó los «notables avances» logrados por el gobierno de Javier Milei, aunque señaló que «los riesgos a corto plazo para las perspectivas son más equilibrados, pero siguen siendo elevados».
Según el informe, las autoridades argentinas «siguen avanzando en la estabilización de la economía, si bien las incertidumbres políticas durante 2025 ralentizaron temporalmente el crecimiento y el proceso de desinflación». El FMI añadió que «la estabilidad continúa sustentada en un sólido marco fiscal, junto con mejoras en el marco monetario y cambiario».
El organismo también reconoció «avances legislativos claves» tras las elecciones de medio término de octubre, entre ellos la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral. Asimismo, destacó las acciones para «desregular y abrir la economía, incluso mediante acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea».
En cuanto al desempeño del programa, el FMI indicó que «fue desigual hasta finales de 2025, con retrasos en la reconstrucción de reservas que, junto con la incertidumbre política, afectaron la posición externa de Argentina». Señaló que no se alcanzó la meta de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) debido al aumento de la dolarización previo a las elecciones. No obstante, destacó que «los ajustes posteriores al marco monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa diario de compra de reservas, están comenzando a corregir los desajustes anteriores».
El FMI proyecta una expansión económica de «alrededor del 3,5% en 2026, con una inflación al final del período que se sitúe en torno al 25%». Sin embargo, advirtió que «las condiciones financieras globales más restrictivas, derivadas de las crecientes tensiones geopolíticas y las incertidumbres políticas previas a las elecciones presidenciales de 2027, podrían afectar la implementación de los programas».
El organismo también cuestionó la calidad de las estadísticas del INDEC, señalando que «el retraso prolongado en la actualización del IPC ha dejado la metodología obsoleta y menos representativa de la canasta de consumo actual». Ofreció asistencia técnica para mejorar la calidad de los datos.
En materia fiscal, el FMI indicó que el Gobierno busca el equilibrio «conteniendo el gasto» mediante la racionalización de subsidios, una mejor focalización de la asistencia social y la priorización del gasto en infraestructura. Para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, el organismo mencionó un «enfoque integral» que incluye «un mayor acceso a los mercados de capitales locales, la venta de activos, las operaciones de recompra con el banco central y los préstamos comerciales garantizados por otros acreedores oficiales».