El Colegio Nacional de Monserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, elegirá entre el 2 y el 4 de junio a su primera directora mujer desde su fundación en 1687. Las candidatas son las docentes María José Alcázar y Gabriela Helale.
CÓRDOBA – El Colegio Nacional de Monserrat, fundado en 1687 por Ignacio Duarte y Quirós, elegirá por primera vez en su historia a una directora mujer. La votación se realizará entre el 2 y el 4 de junio, en coincidencia con la renovación del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de la cual el colegio depende.
Las candidatas a la dirección son María José Alcázar, de la Lista Ser Monserrat, y Gabriela Helale, de la Lista Pluralismo y Participación. Ambas son docentes de inglés con extensa trayectoria en la institución. Alcázar es docente desde 2001 y secretaria académica desde 2023; Helale es docente desde 2005, y fue secretaria administrativa y vicedirectora académica.
El colegio, el más antiguo del país con funcionamiento ininterrumpido, fue exclusivo para varones hasta 1998, cuando ingresaron las primeras mujeres tras un proceso judicial. Su edificio integra la Manzana Jesuítica de Córdoba, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2000. Actualmente, el 55% de la matrícula corresponde a alumnas.
La propuesta de Alcázar incluye innovación pedagógica, desarrollo profesional docente, fortalecimiento institucional y patrimonial, y programas de intercambio internacional. Helale, por su parte, propone innovación educativa, transparencia y rendición de cuentas, y mayor apertura a la comunidad.
La actual vicedirectora académica, Felisa Díaz Gavier, declaró que el hecho de que la nueva autoridad surja de una elección entre dos mujeres es “histórico”, aunque no sorpresivo. “Hace 30 años que entraron las primeras mujeres y desde entonces fueron ganando espacio no solo en las aulas, sino también en la gestión”, indicó.
El ingreso de mujeres al Monserrat fue resultado de un proceso judicial iniciado en 1997. Ese año, el Consejo Superior de la UNC aprobó por unanimidad la Ordenanza 2/97, que establecía inscripciones sin distinción de sexo. La medida generó tomas, protestas y amparos judiciales. En octubre de 1997, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba respaldó la validez de la norma, y en septiembre de 2000, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su constitucionalidad.