El nuevo sistema de fiscalización de semillas presentado por el Gobierno recibió una primera reacción favorable, aunque con reservas, por parte de las entidades del agro y la industria semillera. Destacan el diálogo, pero advierten que falta analizar los detalles antes de un respaldo pleno.
El nuevo esquema de fiscalización en semillas que presentó ayer el Gobierno a los representantes del agro sumó una primera reacción favorable, aunque con matices, por parte de las entidades del agro y la industria semillera. Destacaron el ámbito de diálogo, pero advirtieron que aún resta analizar la “letra chica” antes de definir un respaldo pleno.
La iniciativa, que no modifica la ley vigente y se aplicará solo a las nuevas variedades, apunta a fortalecer el control de la identidad varietal con participación público-privada. Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), su director ejecutivo, Alfredo Paseyro, valoró el espíritu de la propuesta y la convocatoria oficial, aunque remarcó que el sector todavía se encuentra en etapa de evaluación. “Cada una de las instituciones se fue con el compromiso de analizar, hacer sus aportes y ver si esto sirve”, dijo.
La iniciativa busca ordenar el uso de semillas y mejorar la calidad de los cultivares mediante un esquema de transición. Paseyro también subrayó que el planteo oficial no entra en contradicción con los sistemas ya vigentes en el ámbito privado, como Bolsatech o Sembrá Evolución, que funcionan sobre la base de acuerdos contractuales entre productores y proveedores. “Creemos que todo lo que contribuya a esa relación entre privados es bienvenido”, afirmó, aunque insistió en que el impacto concreto dependerá de cómo se reglamente el sistema y de los costos asociados.
En ese sentido, puso el foco en la necesidad de previsibilidad para fomentar inversiones en genética y volvió a mencionar el debate pendiente sobre marcos internacionales de propiedad intelectual, como Upov-91. Recordó que el esquema oficial apunta a mejorar el rol del Instituto Nacional de Semillas (Inase) con apoyo de privados, pero “no reemplaza una discusión más amplia sobre derechos de obtentor”.
El directivo habló de la centralidad de los contratos como base del vínculo entre productores y proveedores de tecnología. Señaló que “el respeto por los acuerdos es clave” para ordenar el sistema y generar confianza: “El productor con un proveedor, con un contrato, con previsibilidad, con reglas claras de lo que uno ofrece y es lo que hay que cumplir las partes”. En ese sector consideran que el cumplimiento debe ser mutuo, por ejemplo, desde la industria, garantizando calidad y rendimiento de la semilla, y desde el productor, haciendo un uso adecuado de la tecnología incorporada.
Hizo hincapié en que el funcionamiento operativo del sistema será un punto clave a evaluar, ya que implica tareas técnicas y logísticas que requieren tiempo y coordinación. “Ese trabajo lleva tiempo porque lo tienen que ver los abogados, la parte operativa y luego sacar muestras, trasladarlas, analizarlas”, explicó. Remarcó que mecanismos similares ya vienen siendo implementados por el sector privado desde hace años, con resultados positivos, por lo que consideró importante que cualquier nueva herramienta se articule con esas experiencias existentes.
Para el directivo, antes de avanzar con esta propuesta será necesario entender con precisión qué tipo de cobertura en materia de propiedad intelectual ofrece el esquema propuesto y cuáles serían sus implicancias. “Antes de financiarlo hay que entender la letra chica de esta propuesta, ver qué es lo que nos estaría dando como propiedad intelectual y analizar los números”, señaló. Según planteó, cualquier cambio en este sentido conlleva también un “costo social” que debe ser contemplado, en un contexto donde el equilibrio entre incentivos a la innovación y condiciones para los productores resulta determinante.
“El Gobierno nos compartió un borrador de trabajo para análisis de todos”, indicó, y explicó que cada entidad deberá revisar en detalle la propuesta desde lo técnico, legal y operativo antes de fijar una posición definitiva. En ese marco, remarcó que ASA hará su propio análisis interno, aunque adelantó que existe una mirada positiva respecto del “espíritu” de la iniciativa.
En tanto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), explicó que el Gobierno presentó “un reglamento que se empezaría a aplicar de haber un acuerdo de ahora en más”. Recordó que esto “no modificaría la actualidad” y sería “una medida que se toma no retroactiva de acá en más para las variedades nuevas”. Detalló que para las nuevas variedades “habría una fiscalización”, con toma de muestras en acopios que “se informaría al Inase”. El análisis “lo harían en un principio las bolsas” y luego “aquel laboratorio que esté habilitado estará encargado de decir: esta muestra es tal variedad”. Además, indicó que “hay una propuesta de 60 días para si hay algún reclamo o alguna oposición”, tras lo cual “quedaría sin efecto”. Se trata de un esquema preliminar que “hay que trasladarlo a cada entidad” y que luego “se va a definir en una reunión de la Comisión Nacional de Semillas (Conase)”.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) asistió a la reunión representada por su vicepresidenta segunda, Eloísa Frederking, y el director.