Un proyecto de ley bipartidista busca otorgar un estatus legal renovable a inmigrantes indocumentados con arraigo en Estados Unidos, combinando medidas de regularización con un refuerzo de la seguridad fronteriza.
El 15 de julio del año pasado, un equipo bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezado por las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar, presentó una versión renovada de la denominada Ley de la Dignidad (H.R. 4393). El objetivo central del proyecto es regularizar la situación de migrantes indocumentados con una larga permanencia en el país.
El llamado Programa Dignidad estaría dirigido a personas que se encontraban en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2020. A diferencia de otras iniciativas, esta propuesta no establece una amnistía general ni un camino directo a la ciudadanía. En su lugar, ofrece un estatus legal temporal que puede renovarse. Según los puntos oficiales del proyecto, tras completar un período de 7 años, los participantes pueden solicitar el «Estatus de Dignidad», que les permitiría permanecer en el país de manera indefinida con autorización para trabajar, siempre que mantengan un historial legal limpio.
La ley también incorpora el Dream Act, que otorga a los jóvenes que llegaron al país en su infancia un estatus condicional por 10 años, con una posible vía hacia la residencia permanente basada en empleo, servicio militar o estudios superiores.
Paralelamente, la Ley de la Dignidad propone un control operativo total de la frontera sur mediante una estrategia que incluye tecnología avanzada y personal adicional. Uno de los aspectos destacados por sus promotores es que la implementación se autofinanciaría. Los costos de infraestructura fronteriza y procesamiento se cubrirían con un «Impuesto de Infraestructura Migratoria» del 1% sobre el salario de quienes reciban el permiso de trabajo. Según las estimaciones, esto no solo cubriría los gastos, sino que también contribuiría a reducir la deuda nacional.
Además, el proyecto prioriza la fuerza laboral local mediante la creación del Fondo del Trabajador Estadounidense (EWF). Este fondo, que se financiaría con los pagos de restitución de los inmigrantes (estimados en 70.000 millones de dólares), estaría destinado a capacitar a trabajadores estadounidenses en oficios de alta demanda. La propuesta detalla que «por cada participante del Programa Dignidad, se capacitará a un trabajador estadounidense».