Un informe de la Fundación Tejido Urbano analiza la crisis habitacional en pequeñas localidades, donde una de cada cuatro viviendas está desocupada, pero el acceso es limitado por falta de créditos, servicios básicos y documentación.
Mientras la Justicia Federal investiga créditos hipotecarios otorgados a funcionarios, el déficit habitacional estructural en Argentina se profundiza. Un estudio reciente de la Fundación Tejido Urbano centra su análisis en las zonas rurales, donde la crisis presenta características particulares.
El informe señala que una de cada cuatro viviendas en estas áreas se encuentra vacía. A pesar de ello, existe una demanda insatisfecha debido a los bajos ingresos de la población, los altos costos de las propiedades y una oferta limitada de créditos hipotecarios. Según el arquitecto Facundo López Binaghi, autor del reporte, esto resulta en un «déficit habitacional profundo y un mercado inmobiliario excluyente».
Las viviendas desocupadas en el medio rural a menudo no están en condiciones habitables, carecen de garantía jurídica para su venta o son retenidas por sus dueños por razones afectivas. Además, el acceso a servicios básicos es crítico: solo el 30% de la población accede a agua potable y un 2% a red cloacal.
La falta de infraestructura y servicios esenciales, como educación y salud, que tienden a concentrarse en ciudades, reduce el atractivo de las zonas rurales y contribuye al despoblamiento. López Binaghi destacó que problemas como la contaminación de napas en el sur de Córdoba y Buenos Aires agravan la situación.
Esta realidad se ve potenciada por recortes presupuestarios en obras públicas. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica caídas de entre el 87% y el 100% en partidas clave como infraestructura hidráulica, mantenimiento de caminos y desarrollo urbano durante 2024 en comparación con el año anterior.
El deterioro de la red vial dificulta la producción y el acceso, mientras que el desfinanciamiento de servicios públicos acelera el cierre de escuelas y centros de salud rurales. «Es un círculo vicioso», concluyó el investigador, «la retirada de población conlleva una reducción de servicios, lo que a su vez incentiva a más personas a emigrar».