La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 reaviva disputas con la oposición aliada en materia de discapacidad y universidades, mientras el oficialismo posterga la reforma política en el Senado y gobernadores aliados expresan malestar.
La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 por parte del Gobierno nacional incluye disposiciones que reabren conflictos con aliados políticos. El texto deroga artículos previamente negociados con la oposición en materia de discapacidad, un área que involucra a casi 6 millones de personas. La propuesta retoma un esquema de pensión por invalidez cuyo monto no alcanza los $300.000 y se suspende si el beneficiario obtiene un empleo. Además, deja en manos de las obras sociales y prepagas la determinación del monto destinado a los prestadores.
En paralelo, se mantiene abierta la disputa con las universidades. El Gobierno no ha cumplido con la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, pese a los vetos presidenciales y la convalidación de la Corte Suprema. En la distribución de partidas para el próximo año, la diferencia entre lo propuesto por el Ejecutivo (7,3 billones de pesos) y lo reclamado por las casas de estudio (11 billones) supera los 4 billones de pesos.
Ambos temas generan tensiones con socios de La Libertad Avanza como el PRO y la UCR, que han mantenido históricamente posiciones divergentes. Asimismo, varios gobernadores aliados no están dispuestos a defender estas medidas ante sus provincias.
Esta semana, el oficialismo en el Senado debió pasar a un cuarto intermedio sin fecha el proyecto de reforma política que plantea la eliminación o suspensión de las PASO. La iniciativa es prioridad de Karina Milei, quien en reuniones privadas ha manifestado que su principal interés es garantizar la reelección de Javier Milei. Sin embargo, no cuenta con los votos necesarios.
«No hay número para ninguno de los aspectos de la reforma. Salvo ficha limpia, siempre y cuando se vote por separado», admitió un senador radical.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se propuso recibir entre miércoles y jueves a media docena de gobernadores aliados para asegurar su acompañamiento. Algunos mandatarios provinciales admiten en privado que las condiciones cambiaron y que no votarán cualquier proyecto del Ejecutivo porque sus distritos ingresan en modo electoral y las decisiones se toman con la mirada puesta en las urnas. Todos buscan la reelección el año próximo.
«La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos, ayudamos», afirmó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tras el encuentro con Santilli.
Los frentes abiertos —reforma política, fondos para discapacidad y universidades— se suman a la situación económica que afecta a millones de familias por el empleo, el aumento de gastos, la baja del consumo y el endeudamiento, en un contexto preelectoral.