El Ministerio de Defensa avanza en un concurso público para que consorcios privados operen las plantas de Fabricaciones Militares durante 35 años. El pliego fue modificado para flexibilizar los requisitos económicos y habilitar ofertas por subcategorías, lo que generó el rechazo de ATE.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, puso en marcha un proceso para ceder a consorcios privados el control operativo y las líneas de producción de Fabricaciones Militares (FM) por un período de 35 años. El mecanismo elegido es un “Concurso Público Nacional e Internacional”, que contempla la creación de Uniones Transitorias (UT) entre el Estado y empresas privadas.
Fabricaciones Militares no fue incluida en la lista de empresas privatizables de la Ley Bases aprobada por el Congreso. Por ese motivo, el diseño de los contratos utiliza la figura de la Unión Transitoria para que el Estado retenga la titularidad formal de los inmuebles y la tierra. Según el Poder Ejecutivo, no se produce una transferencia de acciones ni una venta directa de la firma.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo a la iniciativa mediante un informe técnico en el que sostiene que el pliego constituye un “atajo jurídico” que encubre una privatización “de hecho” en el funcionamiento diario de las plantas.
Modificaciones al pliego
El proceso de selección de ofertas se encuentra en su etapa definitoria. A través de la Circular Modificatoria N° 02, el Ministerio de Defensa prorrogó el calendario y estableció que la presentación de ofertas se extenderá hasta el 3 de noviembre de 2026, con apertura de sobres el 4 de noviembre.
La misma circular modificó el patrimonio neto mínimo exigido a los oferentes. Inicialmente, para el Área de Explosivos se requerían 70 millones de dólares y para el Área de Defensa 40 millones. Con la modificación, se habilitaron ofertas por subcategorías, reduciendo los requisitos: por ejemplo, para el ítem “Químicos” se exige un patrimonio neto mínimo de 25 millones de dólares, y para la subcategoría de chalecos antibalas en la planta de Santa Fe, 5 millones de dólares.
ATE advirtió que esta fragmentación permite que los privados elijan únicamente las divisiones con rentabilidad inmediata. Según el sindicato, la nueva redacción “habilita el cherry picking: un operador puede quedarse con la línea rentable (por ejemplo, munición de alto calibre para exportación) y dejar al Estado con las líneas deficitarias, sin obligación de integralidad”.
Estructura del complejo industrial
El pliego de condiciones divide el complejo industrial de Fabricaciones Militares en cuatro áreas de producción, denominadas “renglones”. Las empresas pueden competir por una, varias o la totalidad de las líneas.
- Área Química: elaboración de ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución para fertilizantes. Opera en la Fábrica Militar Río Tercero, Córdoba.
- Área Metalmecánica: fundición, maquinarias y desarrollo de material rodante ferroviario, cañones y vainas. También en Río Tercero.
- Área de Explosivos: fabricación de pólvoras, explosivos industriales y TNT para minería, petróleo y defensa. Base en Villa María (Córdoba) y Azul (Buenos Aires).
- Área de Defensa: municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. Se localiza en Fray Luis Beltrán, Santa Fe.
Condiciones laborales
El contrato modelo establece que los empleados civiles actuales seguirán siendo formalmente empleados de Fabricaciones Militares S.A.U. y el Estado continuará pagando sus salarios. Sin embargo, el artículo 9.8 del contrato modelo determina que “las remuneraciones, horas de trabajo, turnos y demás condiciones serán determinadas exclusivamente por el OPERADOR”. Además, la firma pública “no podrá destinar otras personas a las OPERACIONES CONJUNTAS, salvo acuerdo con el OPERADOR”.
ATE calificó este mecanismo como “una figura jurídicamente aberrante: el trabajador sigue siendo empleado del Estado, el Estado sigue pagando su salario y sus cargas sociales, pero quien organiza su trabajo, fija sus horarios, define sus turnos y determina sus condiciones es un operador privado extranjero que no es su empleador”. El gremio consideró que se configura un “fraude laboral estructural” que colisiona con la Ley de Contrato de Trabajo.
Cláusulas vinculadas a Estados Unidos
El pliego incluye en el artículo 12.2, inciso “m”, una condición que establece que “no serán aceptados como OFERENTES o como INTEGRANTES de una OFERTA quienes se encuentren incluidos en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica”.
ATE señaló que esta cláusula “delega en un organismo de otro Estado —sin tratado, sin reciprocidad, sin control judicial argentino— la determinación de quién puede y quién no puede asociarse a la industria de defensa nacional”.
El canon que los privados abonarán al país se actualizará mediante el Producer Price Index (PPI), un índice de inflación mayorista del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
Además, el contrato establece que si una futura administración decide cancelar el contrato antes de los 35 años por razones de emergencia o conveniencia estratégica, deberá pagar al privado la totalidad de la inversión no amortizada más una penalidad del 10%. ATE consideró que esta cláusula funciona como un “candado financiero” que condiciona las decisiones de los futuros gobiernos.
Antecedentes de reordenamiento militar
El programa de venta de inmuebles y reestructuración de las Fuerzas Armadas ya registra conflictos previos. En Mar del Plata, entre mayo y junio, surgieron versiones sobre una eventual desafectación de sectores de la Base Naval frente a Playa Grande, donde funcionan el Comando de la Fuerza de Submarinos, el Área Naval Atlántica, la División de Patrullado Marítimo y la Agrupación de Buzos Tácticos.
El Concejo Deliberante de General Pueyrredón, a partir de un pedido de informes de Acción Marplatense, exigió al Ministerio de Defensa que no tome decisiones sobre ese predio sin participación de la ciudad. La cartera de Defensa publicó una desmentida en la que aseguró la continuidad de la Base Naval.
También se autorizó a la AABE a desprenderse de campos de la Base Naval Ushuaia, y se anunciaron traslados en la Base Aeronaval Punta Indio. La Armada comunicó que mudará la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval hacia la Base Comandante Espora, en Bahía Blanca, a partir de enero de 2027.
El cambio en Punta Indio afecta a 185 trabajadores civiles y unos 300 militares que serán trasladados. Los sindicatos locales estiman que la masa salarial inyecta unos 600 millones de pesos mensuales en los comercios de Verónica y localidades cercanas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó el recorte de actividades y respaldó al intendente David Angueira en la conformación de una “Mesa de Defensa”.
Cláusula de no competencia
Fabricaciones Militares fue creada en 1941, bajo la presidencia de Roberto M. Ortiz, con el objetivo de asegurar el autoabastecimiento de insumos estratégicos. El pliego actual incluye en el artículo 36 una cláusula de no competencia territorial: al firmar el contrato, el Estado argentino se compromete a no fabricar, diseñar, desarrollar o comercializar de forma independiente productos similares o idénticos a los de la UT en todo el territorio nacional.
Este compromiso se extiende hasta el año 2061. De esta manera, el sector público se desprende de la capacidad material de fabricar sus propias armas, aunque las fábricas sigan perteneciendo formalmente al Estado.