José Urías, un salvadoreño que reside en Estados Unidos desde 1994, construyó una empresa de más de 150 viviendas en el área de Boston. Su permanencia depende del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), que expira el 9 de septiembre de 2026.
José Urías, un salvadoreño de 47 años, reside en Estados Unidos desde 1994. Durante sus primeros años trabajó repartiendo muebles, lavando platos y cocinando en restaurantes. Aproximadamente 18 años después de su llegada, fundó una empresa de construcción que, según un perfil de Associated Press publicado por ABC7 Eyewitness News, ha construido más de 150 viviendas en el área de Boston. Además, abrió una firma de comercialización de viviendas que cuenta con tres empleados y trabaja con siete contratistas que ocupan a decenas de personas. Según EFE, sus negocios generan más de 50 puestos de trabajo en Malden, Massachusetts.
Urías afirmó que siente satisfacción por los objetivos alcanzados y que el proceso requirió “lucha y sacrificio”, junto con una adaptación a la cultura, el idioma y el modo de vida en Estados Unidos. Paga impuestos a través de sus actividades comerciales y participa en el movimiento que busca mantener la protección. Al defender a los beneficiarios del TPS, señaló que se trata de personas que trabajan, no tienen antecedentes y son sometidas a controles cada 18 meses. Luego preguntó: “¿Por qué nos quieren sacar del país?”.
Durante las últimas décadas, Urías no encontró otra vía para cambiar su condición migratoria. Sostuvo que “nunca nos han dado ese camino a la ciudadanía” y reclamó una respuesta legislativa: “Ya es hora de que el Congreso actúe”.
Urías está casado con otra ciudadana salvadoreña amparada por el TPS. La pareja tiene dos hijos estadounidenses: el mayor, de 19 años, cursa su segundo año en Babson College, en Wellesley, Massachusetts; el menor tiene 13. Sus padres y 11 de sus 13 hermanos cuentan con residencia legal permanente; los otros dos nacieron en Estados Unidos. Los hijos del matrimonio permanecerían en el país aunque sus progenitores perdieran la protección. Urías explicó que Estados Unidos es su país y el lugar donde encontrarán oportunidades. “Nuestra vida está basada aquí, he vivido aquí más años que en El Salvador”, señaló.
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones hacia países afectados por desastres naturales o conflictos civiles. El beneficio permite permanecer y trabajar legalmente durante períodos de hasta 18 meses. Los salvadoreños recibieron la protección en 2001, después de los dos terremotos que afectaron al país centroamericano. El permiso vence el 9 de septiembre de 2026. Si el gobierno permite que expire, 170 mil personas amparadas perderán su autorización laboral y su condición de residencia legal, y quedarán expuestas a detención o deportación.
Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles, afirmó que los beneficiarios están “atemorizados” y que la organización recibió numerosas llamadas de personas que se encuentran “en pánico” ante el posible final del programa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene una relación de cooperación con el gobierno de Trump. Ambos mandatarios impulsaron medidas contra el crimen organizado transnacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó El Salvador durante su primer viaje en el cargo y consiguió que el gobierno de Bukele aceptara deportados de cualquier nacionalidad. Un mes después, Estados Unidos envió a cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad salvadoreña. Bukele pidió una extensión del TPS en 2019, pero no realizó públicamente un nuevo pedido en 2026.
José Palma, beneficiario salvadoreño y coordinador nacional de la Alianza TPS, advirtió: “No podemos depender únicamente de las relaciones amistosas” y sostuvo que ninguna decisión puede considerarse garantizada bajo la actual administración estadounidense.
Los salvadoreños residentes en Estados Unidos enviaron US$9900 millones en remesas durante 2025, lo que representó el 24% del producto interno bruto de El Salvador, según el banco central del país. Rebecca Bill Chavez, presidenta del centro de estudios Inter-American Dialogue, explicó que el cumplimiento de las prioridades de Trump por parte de Bukele no asegura una extensión. Durante el primer semestre de 2026, las deportaciones hacia El Salvador aumentaron un 73,8%.