Un contrato federal de servicios legales para menores no acompañados expiró el 31 de julio y el nuevo acuerdo, por 150 millones de dólares, entrará en vigor el 15 de agosto. Durante ese período, los niños comparecen ante tribunales de inmigración sin representación legal.
En Nueva York, decenas de niños migrantes no acompañados comparecieron ante el tribunal de inmigración sin abogado debido a la expiración de un contrato federal que les proporcionaba servicios legales. El contrato, de 200 millones de dólares, venció el 31 de julio y cubría a más de 24.000 menores en todo el país.
La administración del presidente Donald Trump firmó un nuevo acuerdo con Burke Law Group, de Texas, por 150 millones de dólares, que entrará en vigor el 15 de agosto. Según el nuevo contrato, los menores elegibles recibirán abogados solo mientras permanezcan bajo custodia de la Office of Refugee Resettlement (ORR).
El miércoles 5 de agosto, decenas de jóvenes se presentaron a audiencias virtuales ante la jueza de inmigración Lisa Ling, en el centro de Manhattan. Según informó Gothamist, la mayoría carecía de abogado y se enfrentaba por su cuenta a los letrados del gobierno.
En uno de los casos, Ling reprendió a una joven por no presentar la solicitud de asilo a tiempo. La joven explicó en español, a través de un intérprete: «Anteayer iba a ponerme en contacto con un abogado, pero no me llamaron».
Durante las audiencias, la jueza exigió a los menores presentar solicitudes de asilo completas y en inglés. Advirtió que sin estos documentos u otra forma de alivio migratorio, podría ordenar su deportación. «Entiendo que es difícil. Pero con o sin abogado, debe completar esa solicitud en inglés», expresó Ling a uno de los jóvenes.
Un asesor de los menores que se representaban a sí mismos compareció como «amigo de la corte» y señaló que pasarían aproximadamente tres semanas antes de que el nuevo contrato entrara en vigor y se les asignara un abogado.
Otro caso involucra a un niño que solo habla Kʼicheʼ, un idioma indígena de Centroamérica. La jueza le ordenó regresar en tres semanas con una solicitud de asilo completa. El niño expresó mediante un traductor: «No sé cómo rellenarlo. No sé si me puedes ayudar a rellenarlo». Ling respondió que no podía ayudarlo y le recomendó buscar a una persona de confianza que hablara inglés y kʼicheʼ.
La falta de abogado se suma a la reducción de plazos para las audiencias. Anteriormente, los casos se programaban con un margen de tres a seis meses; la jueza Ling está fijando nuevas fechas en cuestión de semanas.
Organizaciones sin fines de lucro, como The Door, que brinda representación legal en materia de inmigración a menores no acompañados, cuestionaron estos plazos. Jessica Richardson, abogada de la organización, declaró: «No hay tiempo suficiente para encontrar un abogado, establecer una buena relación con él, evaluar las posibilidades de obtener una exención, presentar una solicitud y luego aportar la prueba de la misma».
Faiza Ali, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía de Zohran Mamdani, asistió a las audiencias y expresó su preocupación. «Se da una combinación de tácticas federales cada vez más agresivas, sumada a la expiración de un contrato federal, lo que agrava la crisis de los menores no acompañados», indicó.