El gobernador Leandro Zdero acusó a la oposición de estar ‘siempre del lado de los delincuentes’ por no tratar la Ley de Reiterancia. Desde el Frente Chaqueño afirman que la figura ya existe en la legislación provincial y que nunca se trajo el proyecto al recinto.
La discusión por la denominada Ley de Reiterancia escaló en Chaco después de que el gobernador Leandro Zdero acusara a la oposición de estar “siempre del lado de los delincuentes”. Desde el peronismo respondieron que la figura ya está contemplada en la legislación provincial, negaron haberse opuesto al debate y reclamaron que la discusión sobre seguridad no quede reducida a una reforma del Código Procesal Penal.
La diputada provincial Pía Cavana (Frente Chaqueño) cuestionó el planteo del mandatario: “Gobernador, la reiterancia ya existe en el Chaco”, afirmó. Y agregó: “Si una persona comete un delito, recupera la libertad y vuelve a cometer otro, la Justicia ya puede tener esa circunstancia en cuenta al momento de evaluar nuevamente su detención”.
El artículo 289 del Código Procesal Penal chaqueño ya incluye la reiteración de la actividad delictiva entre los elementos que pueden ser valorados para analizar riesgos procesales. El proyecto impulsado por el oficialismo busca ampliar y precisar ese criterio, incorporando una definición específica de reiterancia y nuevos parámetros para decidir prisiones preventivas.
“No confundamos a la sociedad. Podemos discutir modificaciones y herramientas para mejorar el sistema, pero no podemos decir que estamos creando algo que hoy no existe”, sostuvo Cavana.
El cruce iniciado por Zdero
El cruce comenzó después de que Zdero difundiera un video en sus redes sociales en el que utilizó como ejemplo el caso de un hombre que habría recuperado la libertad y vuelto a robar poco después. “Si un delincuente cae preso más de una vez, no salga a las 24 horas”, planteó el gobernador. Luego dirigió el mensaje hacia los legisladores opositores: “La oposición no lo quiere tratar, como siempre. Ellos siempre del lado de los delincuentes” y cerró con una presión directa a la Legislatura: “Teléfono para la oposición. A ver si lo tratan”.
El proyecto que promueve el oficialismo busca modificar los artículos 276 y 289 del Código Procesal Penal e incorporar un artículo 289 bis. Allí se define como reiterante a quien, estando imputado en una causa, tenga simultáneamente otro u otros procesos penales en trámite.
La propuesta permitiría que esa circunstancia sea valorada al analizar la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, incluso frente a delitos cuya eventual pena podría ser de ejecución condicional. No implica, sin embargo, que una segunda detención derive automáticamente en prisión preventiva: la medida continuaría dependiendo de una decisión judicial y de la evaluación concreta de los riesgos procesales.
Críticas de Cavana y Moser
La diputada también señaló que dentro del propio oficialismo existen distintas iniciativas sobre reiterancia. “Antes de convocar a tratar una ley, deberían ponerse de acuerdo y definir cuál es el proyecto que quieren discutir. Hay cuatro propuestas distintas presentadas desde el mismo espacio político”, afirmó.
El despacho que actualmente se encuentra bajo análisis legislativo tiene como base el proyecto 2634/24, al que fueron acumuladas otras iniciativas presentadas posteriormente. Para Cavana, la discusión legislativa es válida, pero debería inscribirse en una política de seguridad más amplia. “La puerta giratoria no se combate solamente cambiando una ley”, afirmó. Según planteó, el Estado también debería poner el foco en “investigaciones que funcionen, fiscales con recursos, procesos que no duren años, condenas que lleguen a tiempo y penas que se cumplan de manera efectiva”.
El diputado Luciano Moser (Frente Chaqueño) se sumó al contrapunto y negó que su bloque haya rechazado expresamente votar la iniciativa. “Nunca estuvo en el orden del día de ninguna sesión. No es que no se la haya querido votar: sencillamente nunca la trajeron al recinto para poder votarla”, afirmó. Moser coincidió con Cavana en que la legislación vigente ya permite considerar la reiteración delictiva. “Es una herramienta con la que los jueces cuentan y que, de ser necesario, pueden aplicarla. Presentarla como una novedad es, en el mejor de los casos, no haber leído la ley que dicen defender”, cuestionó. También aseguró que el Frente Chaqueño está dispuesto a discutir modificaciones, aunque pidió que el debate incluya las condiciones actuales del sistema policial y penitenciario. “Estamos dispuestos a discutirla y que esto abra el debate del real estado en el que se encuentran las comisarías, el salario de los agentes de la Policía del Chaco, entre otras cosas, porque sumar detenidos sin poner un peso en infraestructura penal no baja el delito, solo multiplica el hacinamiento”, sostuvo.
Versión del oficialismo
El presidente del bloque oficialista Chaco Puede, Iván Gyoker, aseguró que promovió cuatro pedidos de sesiones extraordinarias para discutir la norma, pero que la oposición no aportó el quórum necesario. “Hice cuatro pedidos de sesiones extraordinarias donde intentamos tratarlo y ellos no nos dieron quórum”, afirmó. Gyoker explicó además que, en una sesión ordinaria, el oficialismo no tiene por sí solo los votos necesarios para alterar el orden del día. “Necesitamos o su quórum o los dos tercios para ponerlo en el temario. Nunca nos habilitaron”, sostuvo.
Contenido de la propuesta
El proyecto busca modificar los artículos 276 y 289 del Código Procesal Penal e incorporar el artículo 289 bis. Se define como reiterante a quien, estando imputado en una causa, tenga simultáneamente otro u otros procesos penales en trámite. La propuesta permitiría que esa circunstancia sea valorada al analizar la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, incluso frente a delitos cuya eventual pena podría ser de ejecución condicional. No implica, sin embargo, que una segunda detención derive automáticamente en prisión preventiva: la medida continuaría dependiendo de una decisión judicial y de la evaluación concreta de los riesgos procesales.
Entre las circunstancias que los magistrados podrán valorar aparecen la existencia de otros procesos o condenas, antecedentes de rebeldía o captura, incumplimientos de restricciones judiciales, intentos de evadir a la Justicia, utilización de armas, violencia contra personas o bienes y uso de identidades falsas.
La iniciativa recibió además cuestionamientos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que advirtió sobre las posibles tensiones con el principio de inocencia y el impacto que un uso más amplio de la prisión preventiva podría tener en establecimientos que ya presentan problemas de sobrepoblación. Cavana buscó llevar el enfrentamiento precisamente hacia ese terreno y cuestionó que el Ejecutivo reduzca la discusión a una consigna política. “Ustedes no quieren discutir una política integral de seguridad. Tampoco quieren hablar seriamente de política criminal. Quieren instalar un título”, acusó. El Gobierno, en cambio, presenta la reforma como una respuesta frente a personas que acumulan expedientes abiertos y vuelven rápidamente a quedar en libertad.