La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió un conflicto de competencia y dispuso que la investigación por presunto lavado de dinero en la compra de una propiedad en Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, continúe en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa que investiga un presunto lavado de dinero en la compra de una mansión en Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, quede a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Fuentes judiciales informaron que los jueces de la Sala I de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky resolvieron un conflicto de competencia. Los dos magistrados habían sido recusados para no intervenir en el caso.
El conflicto se planteó entre el juzgado de Campana y el Tribunal Penal Económico 10, a cargo de Verónica Satraccia, donde hasta este viernes se encontraba el expediente. Casación sostuvo que el delito de lavado de dinero es competencia de la justicia federal y no del fuero penal económico, que tiene una especialidad que no alcanza al blanqueo de activos. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia para que la causa continúe en el fuero penal económico.
El fallo puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fiscal de Casación Mario Villar, quien había solicitado esta semana que la causa siguiera en el fuero Penal Económico.
En su resolución, los jueces Barroetaveña y Borinsky no indicaron explícitamente que la causa vaya al juzgado de Campana, sino que dispusieron que se remita a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que tome conocimiento de lo resuelto y, sin dilaciones, derive el expediente al juzgado federal criminal y correccional de su jurisdicción de oportuna y previa intervención, es decir, el juzgado de Campana.
El pase de la causa a la justicia de Campana fue solicitado por los dos principales investigados, Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, quienes figuran como propietarios de la propiedad de 105 mil metros cuadrados, con helipuerto y un galpón donde se hallaron 54 autos de lujo y colección. La investigación sostiene que no tienen capacidad económica para adquirir esos bienes y que podrían ser testaferros de Toviggino, debido a que en la propiedad se encontraron elementos del tesorero de la AFA y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la asociación con la que pagaba los telepase de los autos.
El argumento de la defensa es que la propiedad está en Pilar, jurisdicción del juzgado federal de Campana, y que si el lavado de dinero está vinculado a la casa, la investigación debe realizarse allí. También se menciona la cercanía que se le atribuye al juez González Charvay con la AFA y con la política de Pilar, donde la asociación busca mudar su sede.
El magistrado reclama a otros jueces que le envíen expedientes donde se investiga a la AFA y a su presidente Claudio «Chiqui» Tapia por otros temas, como el manejo de fondos en el exterior.
Con esta decisión, González Charvay volverá a tener el expediente, que ya pasó por cuatro magistrados desde su inicio en diciembre pasado. Primero estuvo a cargo del juez federal de Comodoro Py Daniel Rafecas, luego pasó al magistrado del fuero Penal Económico Marcelo Aguinsky, y después recayó en González Charvay. El juez de Campana allanó la sede de la AFA en Capital y el complejo de Ezeiza, y ordenó un peritaje contable sobre los fondos de la entidad para determinar si se desviaron para comprar la mansión, una de las hipótesis de la investigación.
A mediados de junio, la causa volvió al fuero penal económico a cargo de Straccia. La discusión continuó y llegó a Casación, donde el miércoles, en una audiencia, el fiscal Villar pidió que el expediente siguiera en ese tribunal y la defensa de Pantano y Conte solicitó que regresara al juzgado de Campana. El punto central es determinar qué fuero debe investigar el delito de lavado de dinero.
Previo a la audiencia, los jueces Barroetaveña y Borinsky fueron recusados. El primero por la ex diputada nacional Elisa Carrió y por el empresario Guillermo Tofoni, porque fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre pasado. Tofoni también pidió apartar a Borinsky por resoluciones contradictorias en la causa. Los planteos fueron rechazados porque ninguno de ellos es parte en el expediente.