La ciudad autónoma de Ceuta enfrenta una situación crítica por la presencia de miles de menores migrantes no acompañados, cuya capacidad de acogida es de 29 plazas. Mientras los adultos están siendo retornados a Marruecos, los menores no pueden ser devueltos según la legislación vigente.
A primera hora de la mañana de este domingo se actualizaba la cifra: 73.500 migrantes habrían salido de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves, según los cálculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Tras un goteo constante de retornos de personas que “voluntariamente se quieren volver”, la cifra se ha reducido, pero la de fallecidos ha aumentado. La avalancha se ha cobrado ya 72 vidas, según el último parte del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, que pese a las preguntas de los periodistas no ha dado una cifra, puesto que no cuenta con ella: la de los menores no acompañados.
Pérez ha prometido que en los próximos días pretenden “acelerar los expedientes y ejecutar los retornos lo antes posible” de los adultos que no quieren abandonar voluntariamente la ciudad pese a que los efectivos del Ejército de Tierra y de la Policía Local les están informando de que se tienen que ir hacia la frontera. Les explican que no van a ser regularizados por haber entrado de forma ilegal en el país y que, de una forma u otra, el viaje acabará con su deportación. Ahora bien, en el caso de los menores la cosa cambia.
Qué ocurre ahora con los menores no acompañados
Niños, niñas y adolescentes marroquís cruzaron solos, con amigos o familiares en medio del tumulto y, a diferencia de los adultos, no pueden ser devueltos. Las primeras estimaciones situaban la cifra entre 4.000 y 7.000 menores, pero no hay datos oficiales más exactos. Tampoco un horizonte claro para ellos. Muchos han cruzado la frontera de vuelta a Marruecos junto a sus familiares y amigos, pero otros se han quedado vagando por la ciudad o, en el mejor de los casos, en los centros de acogida, que están colapsados.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece que el Estado, a través de las Comunidades Autónomas, es el encargado de tutelar a estos menores que se encuentran solos en el país. Deben ingresar en un centro de protección de menores. El problema es que el de Ceuta tiene capacidad para 29 menores y los que están ahora en la ciudad multiplican la cifra.
Serán identificados por la Policía y tutelados por el Estado
La identificación inicial corresponde a la Policía Nacional, que recoge los datos facilitados por el menor, como nombre, edad declarada, nacionalidad e idioma, además de tomar fotografías y huellas dactilares. La normativa, según el Ejecutivo, exige que el menor comprenda todas las actuaciones que le afectan, de modo que la administración debe facilitar un intérprete si no habla español.
La asistencia inicial incluye agua, alimentos, ropa seca y mantas. Después se practica un reconocimiento médico para detectar lesiones o problemas de salud derivados del trayecto, entre ellos hipotermia, deshidratación, quemaduras por combustible o heridas, y tanto esa atención como el seguimiento posterior quedan en manos del sistema público sanitario. Sin embargo, los servicios están sobrepasados y no pueden garantizar estos cuidados en medio de esta crisis humanitaria.
Cómo se determina la edad de un menor migrante
La determinación de la edad es una de las partes más delicadas del procedimiento. Si el joven presenta documentación oficial, como un pasaporte, las autoridades reconocen su validez y no realizan pruebas adicionales. El problema llega cuando no hay papeles y la complexión física no acompaña.
Cuando no hay documentos o existen dudas sobre la mayoría de edad, interviene la Fiscalía de Menores, que puede ordenar pruebas médicas y radiológicas para estimarla. Una vez acreditada la minoría de edad, cesa la actuación policial y el menor pasa al sistema de protección de menores, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas y, en Ceuta, al Área de Menores de la Ciudad Autónoma. A partir de ese momento, la administración asume su tutela y lo inscribe en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
Qué derechos y atención recibe un menor tutelado en un centro de acogida
La vida diaria dentro del centro se organiza con un reglamento interno y un Plan Individual de Protección o de intervención educativa adaptado a cada caso. A la llegada, el equipo realiza una valoración integral sobre estado emocional, nivel educativo, conocimiento del idioma y posibles traumas, y después asigna un educador de referencia para el seguimiento diario.
Estos recursos no funcionan como establecimientos penitenciarios ni como centros de reforma, sino como hogares orientados a la protección, la educación y la integración. Por eso, el régimen de libertad de movimiento se ajusta a la edad, la madurez y la autonomía del menor: los niños permanecen bajo supervisión constante y los adolescentes cercanos a los 18 años pueden hacer salidas autorizadas y registradas.
La escolarización se tramita en las mismas condiciones que para cualquier menor español, con matrícula en colegios e institutos públicos de la ciudad. El idioma figura entre las principales barreras, por lo que las administraciones educativas organizan programas de apoyo lingüístico y clases intensivas de español para facilitar la incorporación a Primaria, Secundaria o Formación Profesional.
La estancia en el centro cubre alimentación, ropa, calzado, productos de higiene personal y material escolar. Los menús se adaptan, cuando es posible, a necesidades médicas y creencias religiosas de cada joven.
De forma paralela, los trabajadores sociales inician la regularización administrativa. De acuerdo con el Reglamento de Extranjería, la entidad pública que asume la tutela debe solicitar una autorización de residencia para evitar que el menor permanezca en situación irregular. En el caso de los menores marroquíes, la cercanía geográfica y la cooperación entre España y Marruecos facilitan la localización de familiares. Aun así, ni la reagrupación familiar ni el retorno al país de origen se aplican de manera automática, porque cada expediente debe analizarse de forma individual para determinar si la repatriación responde al interés del menor y si existen garantías suficientes de seguridad y protección en su entorno familiar.
Uno de los principales problemas de estos recursos son las ausencias voluntarias. La Fiscalía General del Estado viene alertando de que muchos menores abandonan las instalaciones sin autorización para continuar su ruta migratoria hacia la península o hacia otros países europeos, o para reunirse con familiares, y cuando ocurre el centro activa de inmediato un protocolo de búsqueda con las autoridades.