El bloque oficialista en la Legislatura bonaerense impulsa una iniciativa que establece aranceles para extranjeros sin residencia definitiva en hospitales públicos y universidades provinciales. El proyecto incluye excepciones para urgencias médicas, víctimas de trata y enfermedades contagiosas.
El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para cobrar aranceles a extranjeros sin residencia definitiva que utilicen hospitales públicos y universidades provinciales. La iniciativa fue impulsada por el jefe de la bancada, Agustín Romo, y cuenta con el respaldo de sectores cercanos a Karina Milei y Patricia Bullrich.
Según el texto del proyecto, quedan exceptuados del cobro los casos de urgencia médica, en los que la atención se brindará de forma inmediata y el arancel se aplicará una vez que el paciente esté estabilizado. También quedan excluidas las víctimas de trata de personas y los pacientes con enfermedades contagiosas. Los fondos recaudados serán destinados al Fondo Provincial de Salud.
El diputado Romo declaró: «El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó».
Datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, difundidos por el ministro Nicolás Kreplak en ocasión de un debate similar hace dos años, indican que la presencia de extranjeros en el sistema público representa el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones.
En el ámbito universitario, el proyecto establece que las universidades provinciales deberán cobrar una cuota a los estudiantes internacionales. El Gobierno nacional ya habilitó esa posibilidad para las universidades nacionales mediante el DNU 366/2025, aunque los rectores aún no han implementado aranceles.
En la Ciudad de Buenos Aires, desde marzo de 2025, rige una política similar impulsada por la legisladora Pilar Ramírez y aplicada por el gobierno de Jorge Macri: se cobra a las personas sin DNI argentino por atenciones que no impliquen riesgo de vida, como tomografías, resonancias, internaciones programadas o cirugías.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que para extender esta medida a todo el país sería necesario modificar la Ley de Migraciones, un debate que actualmente no cuenta con los votos necesarios en el Congreso.