La Fiscalía solicitó penas de entre 3 años y medio y 5 años de prisión para cuatro ex altos mandos de la Armada, acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.
Los alegatos de cierre de la Fiscalía en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ) comenzaron este lunes a las 9:15 en Río Gallegos. Durante más de ocho horas, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán expusieron su acusación contra cuatro ex altos mandos de la Armada.
La acusación sostuvo que los imputados confeccionaron una orden de operaciones y permitieron que el ARA San Juan zarpara en un “estado de alistamiento precario” y en “deficientes condiciones de mantenimiento”, lo que incrementó los riesgos de la navegación y guarda relación con el naufragio ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
Los fiscales solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y para Claudio Villamide. Para el capitán de navío Héctor Alonso pidieron cuatro años de prisión, y para el capitán de fragata Hugo Correa, tres años y seis meses.
La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con la presencia de los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini. Los fiscales se repartieron los tramos de la acusación, que se extendió hasta las 19.
Durante su exposición, Pruzán afirmó: “La operación que realizó el San Juan en las condiciones de alistamiento que se encontraban constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes reprochados y explican plenamente el resultado”. Añadió que “los vastos documentos que hemos analizado en el debate dan cuenta del estado deficiente del submarino San Juan”.
La Fiscalía reconstruyó el estado del submarino desde 2007 hasta su desaparición, repasando observaciones técnicas, tareas pendientes y pedidos de mantenimiento. La acusación sostuvo que la cadena de mando privilegió los objetivos operativos por sobre la seguridad de la tripulación.
El debate incluyó la controversia sobre la responsabilidad del comandante Pedro Martín Fernández y la válvula ECO-19. La fiscal Garmendia Orueta cuestionó la postura de las defensas sobre la autonomía del comandante para decidir la zarpada, señalando que el perfil de Fernández era “disciplinado, estricto, metódico”.
Los fiscales concluyeron su alegato con la lectura de los nombres de los 44 tripulantes. Este martes será el turno de las querellas, que comenzarán sus alegatos a las 9.