Con el respaldo de aliados, el oficialismo consiguió dictámenes de mayoría para dos proyectos clave: el régimen de inversiones Súper RIGI y el acuerdo de pago a dos fondos buitre. Ambas iniciativas buscan ser tratadas en una sesión el 24 de julio.
La Libertad Avanza y sus aliados en la Cámara de Diputados avanzaron este miércoles con dos proyectos prioritarios para el Gobierno: el régimen de grandes inversiones conocido como Súper RIGI y el acuerdo de pago a dos fondos buitre. Ambos dictámenes se firmaron en plenarios de comisiones y se prevé su tratamiento en el recinto el próximo 24 de julio.
Súper RIGI
El proyecto de Súper RIGI establece un marco de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica. Para acceder, las inversiones deben ser de al menos 1.000 millones de dólares, con un desembolso del 20% en los primeros dos años. Quedan excluidas las instalaciones preexistentes y los sectores que ya hayan ingresado al RIGI original.
Desde su redacción inicial hasta la dictaminada, el proyecto sufrió ocho modificaciones. Entre los cambios incorporados, a pedido del MID, se incluyó una cláusula que exige que el plan de negocios contemple un compromiso de inversión en proveedores locales de al menos el 20% del total del proyecto. Además, cada dólar destinado a investigación y desarrollo se computará doble para cumplir con el mínimo de inversión requerido.
Por solicitud del PRO, se agregó la creación de un registro público de proyectos y la institucionalización de un proceso de evaluación previo a cualquier prórroga. La diputada Daiana Fernández Molero (PRO) afirmó: “Esta es una forma de adelantar la normalidad”.
El dictamen consiguió 61 firmas de apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. En contra se manifestó Unión por la Patria. El presidente del bloque peronista, Germán Martínez, sostuvo: “Con esto vamos de cabeza, ante cualquier situación, ante el CIADI”. Y agregó: “Va a generar una asimetría cada vez más fuerte entre aquellos sectores económicos que están teniendo oportunidades en este modelo que está planteando el presidente Milei y el resto de los sectores económicos y productivos de la Argentina”.
Pago a fondos buitre
El otro proyecto dictaminado autoriza el pago de 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, tenedores de bonos en default de 2001. Los fondos habían iniciado un proceso de discovery para embargar activos argentinos en Estados Unidos. El plazo fijado por la justicia estadounidense para la aprobación del Congreso vence el 30 de junio.
En el plenario, los funcionarios Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro) y Juan Ignacio Sampalija (Secretario Legal del Ministerio de Economía) explicaron que se logró una quita del 35% con Attestor (104 millones de dólares) y del 30% con Bainbridge (67 millones). “Esto elimina el riesgo de intentos de embargos y discovery sobre nuestra República”, señalaron. Los gastos legales quedan a cargo de los acreedores.
El proyecto fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra. En Diputados, el peronismo presentó un dictamen de rechazo. La diputada Vanesa Siley (UxP) consideró que el acuerdo “puede resolver la afectación del principio de equidad con los otros acreedores, porque sino nuestro país se encuentra en la situación de premiar a los vivos con mucho poder y no a aquellos que entraron a las reestructuraciones”.