Una investigación de LA NACION revela la dimensión de la litigiosidad que enfrenta la administración pública; al sumar otros organismos descentralizados, como Anses, los juicios se multiplican; las demandas generan incertidumbre porque la mayoría no tiene monto definido.
La administración central de Argentina enfrenta 339.085 demandas activas, según registros oficiales actualizados al mes pasado. La cifra no incluye reclamos contra ARCA, Anses ni pleitos internacionales. La Anses tenía 294.308 juicios en trámite a septiembre pasado.
Más de 183.000 expedientes no tienen una cifra cuantificada, lo que representa más de la mitad del total. Los montos conocidos incluyen $479.494.736.524, US$5.324.674.723, €2.498.705, £2.498.705 y ¥933.000.000.
Los reclamos por diferencias salariales concentran 145.360 expedientes (más del 40%). Les siguen cuotas omitidas de la SRT (7%), cobro de pesos (6%), multas (5%), daños y perjuicios (4%), ejecución fiscal (3%), retiros y pensiones (3%), ejecuciones de pagarés (3%), amparo por mora (3%) y ejecución de tarjeta de crédito (3%).
De los 367.018 expedientes registrados, 27.933 están cerrados o inactivos. En proceso hay 235.377 demandas, en ejecución 70.219, y se suman 23.784 amparos, 7558 recursos, 6775 pedidos de concursos o quiebras y 6279 cautelares.
El 56% de las demandas se tramita en la Ciudad de Buenos Aires, seguidas por Buenos Aires (11%), Córdoba (4%), Mendoza (3%) y Santa Fe (3%).
Entre las dependencias más demandadas están la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, el Banco Nación, el Ejército Argentino, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Gendarmería.
El 78,5% de los expedientes activos fueron iniciados antes de diciembre de 2023. Desde enero de 2024 se incorporaron 72.768 nuevas causas (21,5% del stock). La Procuración del Tesoro calificó la situación como una “litigiosidad estructural muy elevada”.
El procurador Sebastián Amerio afirmó: “Mientras coordinamos la defensa jurídica del Estado en toda la Administración Pública Nacional y atendemos los distintos frentes internacionales, la Procuración del Tesoro también asume la representación directa en los litigios más complejos y relevantes para el país”. Agregó que intervienen en más de 30 causas de máxima relevancia institucional y participan en otras 150 como patrocinantes.
Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro durante la presidencia de Mauricio Macri, sostuvo: “Esa masa es enorme y debe ser controlada. El eje de una política de equilibrio fiscal no se puede centrar solamente en una reducción de personal estatal. Tiene que haber una estrategia general, que abarque a todos los ministerios, para reducir contingencias judiciales en el país y el exterior”.
En el frente internacional, el juicio por la expropiación de YPF por más de US$16.000 millones fue ganado en segunda instancia en Nueva York. La Procuración también sigue el litigio por el Cupón PBI en Londres, con una sentencia por 1330 millones de euros. Además, avanzaron en el Senado acuerdos por US$67 millones para Bainbridge y US$104 millones para Attestor.