El Ministerio de Desregulación, la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas promueven una negociación directa entre semilleros y productores agrícolas para actualizar el marco normativo sobre propiedad intelectual y uso de semillas, sin modificar la ley de 1973.
La industria de las semillas y los productores agrícolas argentinos se encuentran en una instancia de negociación para alcanzar un acuerdo sobre la propiedad intelectual y el uso de semillas. Según informaron fuentes oficiales, el Gobierno, a través del Ministerio de Desregulación, la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas, impulsa un diálogo directo entre las partes para actualizar el marco normativo vigente desde 1973.
El martes próximo, las autoridades se reunirán con representantes de ambos sectores para abordar las diferencias que han persistido durante décadas. El objetivo es establecer reglas claras para la fiscalización de nuevas variedades de semillas y regular el uso propio de semillas adquiridas legalmente por los productores.
Los semilleros sostienen que la comercialización formal de semillas de soja no supera el 50% del total, debido a la venta ilegal de las denominadas “bolsas blancas”. Estas bolsas se comercializan a precios inferiores a los 20 dólares por unidad, frente a los 40 dólares del mercado legal. Las autoridades señalaron que la ilicitud no será contemplada en el acuerdo y que la discusión se centrará en los márgenes de uso propio para los productores.
El Gobierno ha acordado con Estados Unidos adherir al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov-91), un reclamo de los semilleros y titulares de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la iniciativa actual no modifica la ley de semillas de 1973, sino que introduce instrumentos para mejorar el control sobre su utilización.
Especialistas señalaron que Brasil registra ganancias genéticas anuales del 2,8% en sus cultivos, mientras que en Argentina oscilan entre el 1,2% y el 1,5%. Este rezago tecnológico se atribuye, según fuentes del sector, a la falta de un marco normativo que garantice el respeto a los derechos de propiedad intelectual.
Entre las entidades que integran la Mesa de Enlace, Coninagro se muestra más permeable a la adopción del Upov-91, debido a que sus cooperativas producen semillas. En contraste, otras organizaciones como la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas mantienen posiciones diversas.
Fuentes gubernamentales y privadas estimaron que un acuerdo podría añadir unos 4000 millones de dólares anuales a la producción del campo argentino.