El abogado Juan Camilo Caicedo, representante de la familia de Yulixa Toloza, declaró que el proceso judicial debe concluir con una condena que evite la repetición de hechos similares. La mujer de 52 años desapareció tras ingresar a un centro estético irregular en Bogotá y su cuerpo fue hallado el 19 de mayo en Cundinamarca.
En Colombia, el caso de la desaparición y asesinato de Yulixa Toloza, de 52 años, continúa su curso judicial. La mujer ingresó a un centro estético irregular en Venecia, Bogotá, para someterse a una intervención quirúrgica. Tras su desaparición, las autoridades iniciaron una búsqueda que culminó el 19 de mayo con el hallazgo de su cuerpo sin vida en una vía de Cundinamarca.
La Policía capturó a dos ciudadanos venezolanos que intentaban desaparecer el vehículo en el que fue trasladada la víctima. En Venezuela, fueron detenidos María Fernanda Delgado (dueña del centro estético), su esposo y el cirujano que habría intervenido a Toloza. Sin embargo, la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus connacionales, lo que genera dudas sobre el alcance de la justicia.
El abogado Juan Camilo Caicedo, en declaraciones a El Espectador, sostuvo que el caso debe sentar un precedente. «Hubo una imputación por dos delitos contra las dos personas que estaban destinadas a ocultar el vehículo en el que la señora Yulixa fue transportada, para despojarse del cuerpo. Se les imputaron los delitos de favorecimiento y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio», afirmó Caicedo.
El jurista señaló que la evidencia más sólida es una conversación entre Delgado y los ciudadanos venezolanos, en la que ella indica que usen tapabocas, miren a los lados y eviten cámaras al deshacerse del vehículo. Sobre la extradición, Caicedo mencionó que «el inconveniente principal es que estas personas huyeron a su país de origen, Venezuela, y la Constitución venezolana tiene una prohibición de extradición. No obstante, existe el Tratado Bolivariano de 1911, que sigue vigente y avala la extradición entre las naciones bolivarianas».
Caicedo agregó que «la Fiscalía y el Estado colombiano tendrán que hacer su tarea: solicitar la extradición y solicitar que se aplique el artículo 27 de la Convención de Viena, que establece que los tratados internacionales son obligatorios para las partes». También indicó que el proceso podría continuar con los imputados respondiendo desde la distancia o mediante una declaratoria de contumacia.
Finalmente, el abogado subrayó la necesidad de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. «Aquí se necesita garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Necesitamos saber qué fue lo que ocurrió con Yulixa. Existe una verdad procesal, pero, además, se tienen que enviar mensajes. El primero es que estos procedimientos estéticos en lugares no apropiados y fraudulentos no pueden seguir ocurriendo ni en Bogotá ni en ninguna ciudad del país», concluyó.