La Corporación Vitivinícola Argentina calificó como “improcedente, inconsulta e inoportuna” la resolución oficial que cerró el Plan Estratégico Vitivinícola y eliminó los aportes obligatorios que lo financiaban.
La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de cerrar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y eliminar los aportes obligatorios que financiaban su funcionamiento. A través de un comunicado, la entidad calificó la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura como “improcedente, inconsulta e inoportuna”.
La medida oficial, publicada en el Boletín Oficial, puso fin al esquema que durante más de dos décadas articuló la planificación del sector vitivinícola. Desde la administración nacional argumentaron que el plan había agotado su vigencia formal y que el sistema de financiamiento compulsivo implicaba una carga obligatoria sobre las bodegas.
Sin embargo, desde Coviar advirtieron que la decisión se tomó en un contexto económico delicado y que modifica aspectos centrales de su funcionamiento sin respetar el marco legal vigente. “Lamentamos profundamente la decisión adoptada porque se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos”, señalaron.
La resolución eliminó el mecanismo de recaudación administrado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y dejó sin su principal fuente de financiamiento a la Coviar. Según lo dispuesto, el organismo deberá presentar un informe de gestión y rendición de cuentas, mientras que los recursos remanentes pasarán a la órbita estatal.
Las cámaras empresarias alertaron sobre el impacto negativo en la vitivinicultura argentina y anticiparon que convocarán con urgencia a una reunión de Directorio para definir los pasos a seguir. Además, solicitaron que se revea la resolución y se deje sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión dentro del marco legal e institucional.
El Gobierno, por su parte, sostuvo que no tiene sentido continuar el cobro de contribuciones por un plan que dejó de funcionar, y recordó que la duración del PEVI fue concebida hasta 2020. La resolución establece un plazo de tres meses para el cierre formal del plan.