Un análisis de los últimos datos de encuestas señala que el aumento de la percepción inflacionaria y de corrupción impactan en la imagen oficial y en la tolerancia social al ajuste económico.
La última encuesta nacional de QSocial mostró una nueva caída en el apoyo al Gobierno, continuando una tendencia observada en meses anteriores. Este retroceso responde a múltiples factores, entre los que se destacan el deterioro del mercado laboral, un crecimiento económico heterogéneo y un consumo que no logra recomponerse.
Dos elementos emergen como particularmente sensibles en este contexto: el regreso de la inflación como tema central de preocupación pública y el aumento de la percepción de corrupción entre los funcionarios. Estos factores no solo afectan la imagen inmediata del oficialismo, sino que tensionan la promesa electoral sobre la cual se construyó gran parte de su respaldo inicial.
La lucha contra la inflación fue uno de los compromisos programáticos más concretos y repetidos durante la campaña. Sin embargo, los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no han aportado alivio, y el tema ha vuelto a ubicarse entre los principales problemas del país según la percepción ciudadana. Este escenario impacta directamente en la denominada «tolerancia social al ajuste», una medición que ha registrado una caída significativa en el último mes.
Paralelamente, la percepción de que la mayoría de los funcionarios del gobierno son corruptos alcanzó, según el mismo estudio, su pico más alto en la serie histórica. Este dato toca una fibra específica del electorado que votó con la expectativa de un cambio en las formas tradicionales de ejercer el poder.
El análisis sugiere que, cuando se combinan, un malestar económico con expectativas frustradas y una promesa fundacional que empieza a tambalear, pueden actuar como un multiplicador de desilusión entre la ciudadanía.