La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos inició el proceso para reembolsar 166.000 millones de dólares a importadores, tras un fallo judicial que declaró ilegales los gravámenes comerciales de la anterior administración.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos habilitó un sistema para devolver 166.000 millones de dólares. La medida cumple un fallo de la Corte Suprema de Justicia (SCOTUS) que anuló los aranceles impuestos durante la presidencia de Donald Trump. El proceso beneficia a unos 330.000 importadores afectados por cobros considerados ilegales.
A partir de ahora, las empresas pueden presentar sus solicitudes de restitución a través de una nueva plataforma denominada Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas (CAPE). El alcance de la devolución es masivo, ya que abarca aproximadamente 53 millones de envíos que fueron gravados de forma indebida bajo la política comercial del anterior Ejecutivo.
De acuerdo con una investigación de The New York Times, el fallo de la Corte Suprema en febrero determinó que el presidente no tiene la facultad de utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer este tipo de gravámenes comerciales. «El Gobierno comenzó hoy a reembolsar los aranceles después de que la Corte dictaminara que la política era ilegal», señaló la publicación financiera The Kobeissi Letter.
Para muchos dueños de negocios, el cobro de estos aranceles representó una carga económica que forzó recortes en la producción. El proceso de reembolso contempla no solo la suma principal, sino también los intereses acumulados que el Estado debe pagar por el tiempo transcurrido. Según Scott Lincicome, del Instituto Cato, estos fondos generan aproximadamente 22 millones de dólares diarios en intereses.
Una vez que la CBP apruebe cada solicitud a través del portal CAPE, el Departamento del Tesoro estadounidense efectuará los pagos en un plazo de entre 60 y 90 días. El gobierno tuvo que acelerar los procesos después de que el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) interviniera en marzo.