El alcalde John Whitmire convocó una reunión especial para analizar la derogación de una medida que limita la cooperación policial con el ICE, luego de que el gobernador Greg Abbott amenazara con retener 110 millones de dólares en subsidios.
La colaboración entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la policía de Houston, Texas, se encuentra suspendida debido a una política local aprobada la semana pasada. En respuesta, el gobernador Greg Abbott amenazó con retirar 110 millones de dólares en subsidios estatales si la ciudad no revoca la restricción antes del 20 de abril.
Ante la advertencia, el alcalde John Whitmire programó una reunión especial para este viernes con el fin de debatir el alcance de la medida y su posible derogación. Whitmire calificó la situación como «una crisis» y advirtió sobre las repercusiones legales y financieras.
La medida en cuestión, aprobada por el Concejo Municipal con 12 votos a favor y 5 en contra, eliminó la obligación de que los oficiales de la policía de Houston esperaran 30 minutos a la llegada de agentes del ICE para personas con órdenes civiles de inmigración. Esto significa que, por ejemplo, un conductor detenido por una falta debe ser liberado tras recibir una multa, independientemente de su estatus migratorio. La norma no prohíbe la intervención del ICE, pero limita la cooperación policial.
El gobernador Abbott notificó a través de su director de seguridad pública que Houston incumple sus acuerdos de fondos estatales. «Si se niegan a cumplir, más les vale sacar su chequera», escribió Abbott en la red social X, agregando que «será costoso si se niegan a mantener sus calles seguras».
La posible pérdida de los 110 millones de dólares representa un riesgo significativo para la ciudad. Según declaraciones del alcalde, el recorte afectaría principalmente a los Departamentos de Policía y Bomberos, los servicios de seguridad pública en general y los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Houston albergará siete partidos. Abbott ya ha congelado el envío de nuevos fondos, lo que genera una situación de emergencia para las autoridades locales.