La interrupción del ciclo lectivo por paros docentes y feriados reaviva el debate sobre la declaración de la educación como servicio esencial para garantizar la presencialidad.
Córdoba registra al menos ocho días sin clases en poco más de un mes del ciclo lectivo, producto de la combinación de paros docentes y feriados. La situación ha llevado a la Asociación Civil Familias por la Educación a cuestionar el uso del paro como método de reclamo y a insistir en la necesidad de declarar la educación como servicio esencial para asegurar el cumplimiento del calendario escolar.
Soledad Cabral, presidenta de la organización, expresó en declaraciones radiales que, si bien considera legítimo el reclamo salarial docente, los paros reiterados «generan un daño acumulativo en los alumnos y profundizan la brecha de desigualdad educativa». Su pronunciamiento se produce en un contexto de tensión, luego de que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazara la tercera oferta salarial del gobierno de Martín Llaryora y convocara a un nuevo paro de 72 horas para los días 8, 9 y 10 de abril.
Cabral reconoció que el salario docente es bajo y necesita mejoras, pero marcó una posición: «El salario es necesario, pero la presencialidad es innegociable». Añadió que, según un relevamiento de la asociación, «en los últimos 15 años solo en dos oportunidades el ciclo lectivo comenzó sin paros de la UEPC en la primera semana», lo que a su juicio demuestra que la repetición sistemática de esta medida «ha fracasado en resolver el problema salarial de fondo».
El cómputo de días efectivos de clases refuerza la preocupación. En marzo, con al menos cuatro jornadas de paro y los feriados del 23 y 24, hubo apenas 17 días de clases sobre 23 hábiles. A esto se suman los feriados de principios de abril y otras interrupciones por asambleas o problemas de infraestructura.
Cabral señaló que la discontinuidad afecta principalmente a la escuela pública, ya que las instituciones privadas suelen mantener la actividad normal. «No solo es una discontinuidad pedagógica que genera un daño acumulativo, sino que también abre la brecha de la desigualdad», advirtió, trazando un paralelo con las dificultades evidenciadas durante la pandemia.
Para resolver el conflicto, la referente reiteró que la asociación impulsa la declaración de la educación como servicio esencial, un debate de larga data a nivel nacional. Actualmente, la Ley 25.877 solo considera servicios esenciales a los sanitarios, el agua potable, la energía eléctrica, el gas y el control del tráfico aéreo. Intentos recientes del Gobierno nacional de incluir la educación en esa categoría no prosperaron.
Cabral apeló a la voluntad política de las partes para destrabar la situación, subrayando que «si las aulas se cierran, se interrumpe la única promesa real de progreso y el proyecto de vida de un montón de niños y jóvenes». Mientras tanto, el gobierno provincial busca destrabar el conflicto y prepara una nueva oferta salarial.