La Justicia investiga a un comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por su presunta participación en una trama de encubrimiento. Leonardo Ezequiel Ponte Wisto (37) está acusado de filtrar información sobre un allanamiento a Marta Mitrovich, una mujer prófuga vinculada a una estafa que derivó en la muerte de la víctima.
Una estafa con desenlace fatal
El caso se origina en enero, cuando Merlín Díaz Silva (30), dueña de un centro de estética en Ingeniero Budge, fue abordada por tres mujeres. Según la investigación, la convencieron de que tenía una maldición y le sustrajeron 14 millones de pesos, sus ahorros de toda la vida, entregándole dinero falso a cambio. Al descubrir el engaño, la joven entró en una crisis profunda y decidió quitarse la vida, dejando una carta de despedida.
La fuga y la filtración
Tras el hecho, dos de las estafadoras se presentaron ante la Justicia, mientras que Marta Mitrovich permaneció prófuga. La Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora, a cargo de Ignacio Torrigino, logró ubicarla en una vivienda de Castelar, propiedad de su hijastro, el exfutbolista Favio César Márquez. Sin embargo, cuando la policía ejecutó la orden de allanamiento, Mitrovich ya no se encontraba en el lugar.
Las pesquisas indican que alguien dentro de la fuerza le advirtió sobre el operativo. La investigación se centró en el comisario Ponte Wisto, quien, según las pruebas reunidas, se habría reunido con Márquez en una estación de servicio de zona oeste un día antes del allanamiento. Aunque Ponte Wisto no formaba parte de la investigación original, habría utilizado su condición de funcionario para obtener y vender la información.
Imputado y excarcelado
Ponte Wisto, quien también ejerce como abogado especializado en accidentes de tránsito y laborales, fue imputado por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tras ser detenido, fue excarcelado en las últimas horas por carecer de antecedentes penales, aunque la causa en su contra continúa.
Durante un allanamiento en su domicilio de Ituzaingó, se incautaron 50 mil dólares, 20 millones de pesos y vehículos de alta gama, bienes considerados incompatibles con sus ingresos declarados. El fiscal Torrigino aún no ha podido acreditar el pago directo por la filtración, pero sostiene que el comisario proporcionó datos clave para la investigación.
El reclamo de justicia
Alexander Díaz Silva, hermano de la víctima, tuvo que cerrar el negocio familiar y vender las pertenencias de su hermana para afrontar los gastos. «Esto es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos», declaró a este medio. «Pero vamos a seguir pidiendo justicia por mi hermana». Su reclamo se centra en que se esclarezca la red de encubrimiento y se evite que hechos similares se repitan.
La investigación avanza para determinar si más personal policial estuvo involucrado en la filtración que permitió la fuga de la principal sospechosa, quien además arrastra una condena previa por estafa.