Sergio Omar Rodríguez (*)
Las moratorias previsionales han sido objeto de intensos debates en los últimos tiempos. Desde ciertos sectores se intenta instalar la idea de que estas herramientas representan un “premio a quienes no aportaron” o, peor aún, un “privilegio” insostenible para las cuentas públicas. Sin embargo, esta mirada desconoce —o decide ignorar— la raíz estructural de su existencia: las moratorias no son un beneficio discrecional, sino una política de reparación social frente al daño generado por décadas de informalidad laboral, exclusión estructural y modelos económicos regresivos.
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Durante los últimos cuarenta años, la economía argentina ha oscilado entre ciclos de especulación financiera, endeudamiento externo y desindustrialización. Gobiernos de distinto signo político han priorizado el negocio financiero por sobre el desarrollo productivo, destruyendo el tejido industrial, tercerizando servicios esenciales y precarizando las relaciones laborales. Como resultado, millones de personas transitaron sus vidas laborales en condiciones de informalidad o semi-formalidad, sin posibilidad real de realizar aportes jubilatorios regulares.
¿Es justo culpar a esas personas por no haber aportado, cuando el Estado mismo permitió —y en ocasiones fomentó— un sistema económico que expulsó a gran parte de la población del trabajo registrado?
La empleabilidad marginal
La matriz productiva rota, el cierre de fábricas, el avance del cuentapropismo forzoso, el empleo doméstico mal pago y sin derechos, y la proliferación del “falso monotributista” como forma encubierta de relación laboral, son consecuencias de decisiones políticas. Son los distintos gobiernos, sumado a empresarios que no aportaron por distintas razones, los que han generado las condiciones de una empleabilidad marginal, y por tanto es el propio Estado el que debe garantizar que esas personas no queden fuera del sistema previsional al llegar a la vejez.
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Es en este marco donde las moratorias previsionales cobran sentido: no como un atajo, sino como una forma de justicia social. Son el reconocimiento, tardío pero necesario, de que el sistema previsional no puede fundarse exclusivamente en la lógica contributiva, sino también en criterios de solidaridad y derechos humanos. Porque la vejez sin ingresos no es un “castigo por no aportar”: es una condena a la indigencia.
Lógicamente, no son la solución a los caóticos panoramas económicos, y su impacto en la empleabilidad registrada, pero funcionan de “parche” para evitar un mayor daño social al perpetrado por décadas de desidia de los gobernantes.
Lejos de revertir este escenario, el actual Gobierno libertario encabezado por Javier Milei, a través de la reciente Ley Nacional Bases N.º 27.742, ha profundizado la lógica de exclusión al derogar los artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo y la Ley N.º 25.323, normas fundamentales que sancionaban al empleador que no registraba debidamente a su personal. De este modo, se eliminan herramientas legales que actuaban como freno a la informalidad, debilitando la protección jurídica de los trabajadores y generando un contexto aún más propicio para la evasión y el fraude laboral. En otras palabras: se está fomentando activamente la informalidad laboral que luego se usa como argumento para negar derechos previsionales.
El debate entonces no debería centrarse en si “alguien aportó o no”, sino en qué tipo de sociedad queremos construir. Una que reconozca los efectos del desempleo estructural, del trabajo informal y de la precarización laboral —fenómenos que no son culpa del trabajador—, o una que abandone a su suerte a quienes el propio sistema expulsó.
Negar las moratorias previsionales es desconocer la historia reciente del país, y cerrar los ojos ante la desigualdad estructural. Defenderlas es asumir que la justicia social consagrada en nuestra Constitución Nacional, en serio, empieza por los últimos.
(*) Sergio Omar Rodríguez es abogado especialista en Derecho Laboral