Roger Mariaca fue aprehendido en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra junto a otros funcionarios; Estados Unidos lo acusó de proteger al narcotráfico y Marset afirmó haber pagado medio millón de dólares para operar en el país.
El fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido en la noche del miércoles en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando descendía de un avión proveniente de Sucre. Junto a él fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Horas después, el Gobierno de Rodrigo Paz informó que sumaban 14 los detenidos y anunció el desmantelamiento de una «organización criminal enquistada en la Justicia».
La detención se produjo menos de 72 horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara las visas de Mariaca, Zeballos y otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, y acusara al fiscal general de corrupción vinculada a la protección del narcotráfico. Mariaca rechazó la acusación y la calificó de «injerencia» y «presión política».
En paralelo al operativo se difundieron videos y audios grabados el 13 de marzo, el día en que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en una casa del barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra. Según el diario El Deber, corresponden a una entrevista realizada por los policías que lo detuvieron. En una de las grabaciones, Marset menciona a Mariaca: «Mariaca es mi amigo. Hablo con él. No es negocio, nada. Supuestamente él controla la fiscalía. Avisa lo que tiene que avisar».
En otro tramo, Marset responde sobre cómo llegó a Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno de Luis Arce y excandidato presidencial del MAS. Cuenta que el contacto fue a través de un policía, que a «la Sonia» —apodo con el que, según la prensa boliviana, se refería a Del Castillo— le pagaba «una mensualidad» y que así trabajaba tranquilo. El dinero, dice, pasaba por el capitán Rubén Aparicio. «Él y Mariaca fueron los que hicieron el arreglo con Del Castillo. Yo pagué y me quedé a vivir acá. Pagué 500 mil dólares», sostuvo.
Las afirmaciones de Marset, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos, deberán ser corroboradas con pruebas independientes.
Cerca de las 4, la policía interceptó una ambulancia que había salido del complejo donde viven Mariaca y Zeballos. En su interior había bolsones y fajos de billetes envueltos en frazadas. El conteo, realizado en la Estación Policial Integral de Los Tusequis frente a fiscales, periodistas y veedores, arrojó más de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares. Cuatro personas que viajaban en el vehículo quedaron detenidas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que ese dinero no provenía directamente del narcotráfico sino de «exacciones» a ciudadanos que acudían al Ministerio Público, a quienes —según su versión— se les cobraba desde que cruzaban la puerta. Otros seis empleados de la Fiscalía fueron detenidos cuando, según el Gobierno, intentaban retirar documentación de la casa del fiscal general.
El resto de la lista de detenidos la completan Zeballos; el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, que fue abogado de Evo Morales, y el capitán Aparicio, señalado por Marset como el cajero de los sobornos. A Mariaca se le imputan los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. «Era una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas», dijo Oviedo.
La situación de Del Castillo quedó envuelta en confusión. Durante la noche, El Deber y otros medios bolivianos informaron que había sido aprehendido por agentes de Inteligencia en el barrio paceño de Sopocachi. Pero a la mañana, Oviedo desmintió esa versión: «No está detenido, se lo está buscando», dijo, y anticipó resultados «en las próximas horas».
La Fiscalía había rechazado días atrás versiones sobre una supuesta reunión entre Mariaca y Marset antes de la captura del uruguayo; exigió pruebas y una retractación. El propio Ministerio Público había afirmado que no había participado del operativo que terminó con Marset en un avión de la DEA.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió que el procedimiento llegó tarde: «Esto debió suceder con antelación, pero lamentablemente había una fuga de información». Oviedo reconoció que el operativo contó con la cooperación de agencias estadounidenses.
Ese dato generó reacciones políticas. El vicepresidente Edmand Lara, enfrentado con Paz, sostuvo que nadie está por encima de la ley, pero insinuó la participación de la DEA en el operativo de Viru Viru y advirtió que ningún agente extranjero puede ejercer funciones de aprehensión en territorio boliviano. También cuestionó que el Presidente pueda nombrar por decreto a un reemplazante. Evo Morales dijo que las detenciones confirman que «en Bolivia gobierna Estados Unidos».
Morales agregó otra lectura, que conecta este escándalo con la Argentina: según él, el objetivo real es «salvar a Fernando Cerimedo», el consultor argentino que asesoró a Javier Milei y a Paz, preso desde fines de agosto en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, acusado de intento de femicidio contra su pareja boliviana y bajo investigación por lavado de dinero y falsificación.
Mariaca había prometido días atrás que no retrocedería «ni un centímetro» en esa causa y en las de las «narcomaletas» y los combustibles. Cerimedo declaró la semana pasada durante siete horas ante una comisión fiscal: respondió más de 300 preguntas y sostuvo que su dinero llegó desde la Argentina.
La investigación sobre Cerimedo tiene un capítulo en Santa Fe. El consultor ingresó en 2024, a través de la sociedad Surlibre Inversiones, en Sanabria SRL, una firma de Puerto General San Martín que dice brindar servicios portuarios y provisión de combustible a barcazas de la hidrovía, aunque su predio es una bajada de tierra hacia el Paraná, sin infraestructura visible.
Los dichos de Marset reabren una pregunta que persiguió a los investigadores durante años: cómo pudo uno de los narcos más buscados del continente vivir con su familia en Santa Cruz, jugar al fútbol profesional en Los Leones de El Torno con un documento brasileño y aparecer en partidos televisados. Y, sobre todo, cómo logró escapar en julio de 2023, un día antes de un megaoperativo de la policía boliviana, cuando Del Castillo era ministro de Gobierno.
No es la primera vez que el uruguayo usa la palabra como munición. El día de su captura descargó acusaciones contra militares bolivianos por supuestos sobornos. En junio, desde la cárcel de Virginia, despidió a su equipo de abogados y envió al juez Rossie D. Alston Jr. una carta manuscrita en la que acusó a dos agentes de la DEA de intentar extorsionarlo por unos cuatro millones de dólares en criptomonedas. Días después, la fiscalía federal del Distrito Este de Virginia respondió con una nueva acusación que sumó a los cargos de lavado el de conspiración narcoterrorista y lo describió como líder de una organización que sacaba cocaína de Perú, Bolivia y Colombia hacia Europa por la hidrovía Paraná-Paraguay.
Ese corredor fluvial es el hilo que une a Santa Cruz con Rosario. La sigla PCU apareció estampada en panes de cocaína hallados en la isla El Chaparro, frente a Victoria, mucho antes de que el nombre de Marset figurara en los expedientes argentinos.