La Cancillería entregó una nota a la Embajada británica en la que rechazó la extensión de permisos offshore y la adquisición de participaciones de Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001. El Ejecutivo sostiene que toda actividad hidrocarburífera en la zona requiere autorización argentina.
El Gobierno argentino presentó este martes una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias para la producción de hidrocarburos offshore en las Islas Malvinas y por la adquisición de participaciones de Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001. La medida fue instruida por el canciller Pablo Quirno.
La Cancillería informó que entregó una nota a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la que expresó su «enérgico rechazo» a las decisiones anunciadas por las autoridades de las islas. El Ejecutivo sostiene que cualquier actividad hidrocarburífera en la zona requiere autorización argentina.
Según el comunicado, la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina resulta, para la posición argentina, contraria al derecho internacional y vulnera sus derechos soberanos. La Cancillería recordó además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la disputa.
El Gobierno advirtió que aplicará sanciones
El Ejecutivo remarcó que toda actividad hidrocarburífera sobre la Plataforma Continental Argentina que no cuente con autorización de las autoridades nacionales constituye un «acto ilícito», tanto bajo la legislación argentina como, según la posición oficial, frente al derecho internacional.
En ese sentido, el comunicado mencionó las leyes 26.659 y 26.915 y el Decreto 868/2026, y ratificó que la Argentina no reconoce a otra autoridad para conceder permisos, participaciones o extensiones de licencias vinculadas con hidrocarburos en la zona. La legislación argentina establece la necesidad de contar con permisos nacionales para esas actividades y prevé sanciones ante incumplimientos.
El Gobierno aseguró que utilizará «todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance» para defender su posición y advirtió que quienes intervengan directa o indirectamente en esas operaciones pueden quedar expuestos a sanciones administrativas, civiles y penales.
Al mismo tiempo, la Argentina reiteró su disposición a mantener un «diálogo constructivo y sustantivo» con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El comunicado concluyó con una reafirmación de la posición histórica del país sobre la disputa de soberanía: «Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas».
Reino Unido extendió las licencias petroleras en Malvinas
La protesta de Cancillería se conoció luego de que este lunes la administración británica de las Islas Malvinas extendiera por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, con la posibilidad de prorrogarlas por otros dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo establecidos.
La medida también incluyó la autorización para que una subsidiaria de Navitas Petroleum adquiera el 65% del bloque PL001, ubicado junto al proyecto Sea Lion. Según las autoridades isleñas, la operación busca acelerar la evaluación y el desarrollo del área.
La decisión se produjo en medio de la ofensiva del Gobierno argentino contra las compañías que operan en la zona sin autorización nacional. El Ejecutivo ya presentó un proyecto para endurecer las sanciones y avanzó judicialmente contra empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en el archipiélago.
La ofensiva del Gobierno contra la explotación petrolera en Malvinas
La protesta se suma a una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo durante septiembre contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas. El Gobierno inició primero procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas y luego amplió la medida a otros 15 sujetos, entre compañías, accionistas y proveedores relacionados con las actividades petroleras.
Además, Cancillería presentó una denuncia penal contra empresas del grupo Navitas Petroleum, sus socios y directivos por presuntas infracciones a la Ley 26.659. El foco está puesto principalmente en el proyecto Sea Lion, operado por Navitas y Rockhopper Exploration, cuyas licencias fueron otorgadas por las autoridades de las islas y cuentan con respaldo británico, mientras que la Argentina las considera carentes de autorización nacional.
La ofensiva también llegó al Congreso: el 17 de septiembre, Milei envió el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que busca endurecer las sanciones contra empresas y personas involucradas en la explotación no autorizada de recursos naturales en las áreas reclamadas por la Argentina.