Cynthia Chamoles declaró ante el fiscal Andrés Quintana que clientes que compraron vehículos con financiamiento se retrasaron en los pagos, lo que generó un «desfasaje» financiero. Mencionó a un DJ que adeuda 120.000 dólares y afirmó tener pagarés por entre 500.000 y 600.000 dólares.
La dueña de la concesionaria Autos Pilar Premium, Cynthia Chamoles, de 44 años, declaró ante el fiscal Andrés Quintana en el marco de la investigación por estafas a clientes. Según su indagatoria, hubo clientes que compraron vehículos con financiamiento y se retrasaron en los pagos, lo que provocó un «desfasaje» entre los ingresos de la empresa y sus obligaciones, impidiendo cumplir con un grupo de damnificados.
Chamoles mencionó como deudor a un reconocido DJ, cuya identidad se mantiene en reserva. «Se le entregó una [camioneta] Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó», afirmó. También sostuvo: «Tengo pagarés de clientes que no pagaron su total [de la compra de vehículos], que suman un aproximado entre 500.000 y 600.000 dólares. Lo tengo documentado. Reclamamos y se quejaron. Nos amenazaron con denunciarnos por reclamar un pago legítimo. Se entregaron varios autos que todavía no fueron pagados». Agregó que las deudas por cobrar ascienden a 2.000.000 de dólares.
En su declaración, Chamoles relató: «Hay una compra de una Lamborghini Urus por de 800.000 dólares. El vehículo está embargado por un tema del titular. A nosotros nos falta pagar 100.000 dólares y ahí levantado el embargo podríamos disponer del vehículo para venderlo».
Chamoles y Carlos Alberto González, de 43 años, propietario y pareja de la imputada, fueron detenidos el martes pasado en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en Pilar, y indagados al día siguiente por el fiscal Quintana.
Entre los damnificados se encuentran el diputado nacional Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot. Además, hay al menos otras 35 víctimas que señaron autos o camionetas que nunca les fueron entregados, o que dejaron vehículos en consignación y no recibieron el dinero acordado pese a que fueron comercializados.
Según el expediente judicial, González y Chamoles, como titulares de Autos Pilar Premium, contactaron a Joaquín Pichot y «con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, le ofrecieron gestionar la venta en consignación de una camioneta Ford Ranger Raptor 3, comprometiéndose a entregarle el producido de la venta». La víctima entregó el vehículo sin suscribir el formulario 08, manteniendo el dominio a su nombre. «A pesar de ello, los imputados dispusieron del vehículo y desviaron su producido en su propio provecho, sin restituirlo ni rendir cuentas a la víctima», señala el documento judicial.
Quintar, diputado libertario por Jujuy, denunció en abril pasado que en agosto de 2025 había comenzado a negociar con Autos Pilar Premium la compra de un Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. Sostuvo que pagó la totalidad del precio, parte con transferencias bancarias y otra en efectivo, pero nunca recibió el vehículo.
En su indagatoria, González afirmó que su objetivo principal es resolver el problema de los damnificados. Habló de un «descalce» financiero de 6.000.000 de dólares como origen de los incumplimientos. Relató que comenzó en el negocio hace diez años en el Shopping Champagnat, y que luego se mudaron a un edificio en la colectora del ramal Pilar de la autopista Panamericana, en Manuel Alberti. Indicó que llegaron a vender 100 vehículos por mes.
Según su versión, la situación cambió a partir de un expediente judicial en el que fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por desobediencia. Esta causa se inició el 3 de junio de 2025 por una denuncia del apoderado de Autopistas del Sol, quien afirmó que varias concesionarias utilizaban el parquizado lindante a la autopista Panamericana para exhibir vehículos. El juez ordenó el retiro de los vehículos, medida llevada a cabo el 7 de junio de 2025 por Prefectura Naval. Cuatro días después, al verificarse que Autos Pilar Premium había vuelto a ocupar el predio, se dispuso el secuestro de nueve vehículos.
González declaró que la causa lo perjudicó comercialmente: pasó de vender 100 autos por mes a 50. Mencionó una «corrida» de inversores por 3.000.000 de dólares y costos mensuales de 300.000 dólares. El «descalce» financiero habría alcanzado los 6.000.000 de dólares. Dijo que convocó a la «mesa chica» de inversores para aportar capital, pero que el avance judicial y la repercusión mediática «explotaron todo». Tras la publicación de los detalles de la investigación, el dueño del local le rescindió el contrato de alquiler. «Me aniquiló. Perdí respeto y confianza», sostuvo respecto de las medidas cautelares sobre la empresa.