El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó la política de créditos hipotecarios con la justicia social. Esa expresión tiene asidero en la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró: “Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social. Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para ahorrar y poder comprarla”.
La expresión “justicia social” está contemplada en la Constitución Nacional. El artículo 75, inciso 19, desde la reforma de 1994, establece que corresponde al Congreso “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.
El artículo 14 bis de la Constitución incluye el acceso a una vivienda digna entre los beneficios del Estado. El texto establece que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable” y que “la ley establecerá … el acceso a una vivienda digna”.
Además, el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1) reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado que incluya la vivienda.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.1, establece que los Estados parte se comprometen a adoptar medidas “hasta el máximo de los recursos disponibles” para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el pacto.
El análisis fue realizado por un abogado que firma la nota original. El texto sostiene que el acceso a la vivienda digna no es una política optativa, sino un derecho humano con jerarquía constitucional.